La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juzgado del caso Púnica ampliar la comisión rogatoria remitida a Suiza para poder recabar datos sobre una nueva cuenta que el exconsejero delegado de la empresa pública Arpegio Eduardo Larraz y su esposa abrieron en el Julius Bar & Co de Zurich en 2016. Este ex alto cargo de la Comunidad de Madrid cuando era presidenta Esperanza Aguirre escondía 146 lingotes de oro en Suiza, valorados en casi dos millones de euros, según informa hoy el diario El Mundo.
En su escrito al juzgado de Púnica, al que ha tenido acceso Efe, las fiscales Carmen García y Teresa Gálvez indican que han hecho esa "propuesta nueva" en el marco de la comisión rogatoria remitida a Suiza "solicitando los movimientos bancarios de las cuentas abiertas en dicho país" por Eduardo Larraz Riesgo y su mujer María Ángeles de Diego Suso.
Las fiscales señalan que han tenido conocimiento de que los días 12 y 27 de mayo de 2016 el matrimonio abrió nuevas cuentas en el Julius Bar & Co".
La alusión a este hallazgo lo hacen al recurrir al juzgado el levantamiento del secreto de la pieza separada sobre Arpegio para que lo convierta en parcial y así "dar vigor a los indicios y asegurar que nuevos hallazgos, sobre todo en lo que afecte a la recuperación de las ganancias ilícitas, puedan unirse a la causa sin riesgo de ser destruidos o manipulados".
Señalan en este sentido que la base de datos de la Agencia Tributaria también "ha revelado la existencia de un flujo de fondos hacia cuentas abiertas por Adolfo Fernández Maestre en entidades bancarias suizas".
Fernández Maestre asesoró como administrador de DUSA a Arpegio y se le investiga junto a Larraz por la gestión de ambos en esta empresa pública del suelo de la Comunidad de Madrid; precisamente su imputación el pasado 15 de mayo le costó su puesto como presidente del Tribunal Económico-Administrativo de Pozuelo de Alarcón al conocerse su imputación.
En relación a él, las fiscales también reclaman una nueva comisión rogatoria "en aras de la recuperación de activos que hayan sido malversados".
También destacan, para reforzar su petición de mantenimiento parcial del secreto de esta pieza, que en los últimos registros del pasado 16 de mayo se incautó "una ingente cantidad de documentación que impone un mes más el secreto".
Se refieren a los siete registros que ese día ordenó el entonces todavía juez del caso Púnica, Eloy Velasco, entre ellos el del despacho del viceconsejero madrileño de Medio Ambiente, Miguel Ángel Ruiz, por su actividad cuando estaba en Arpegio, y quien a las pocas horas dimitió tras ser citado como investigado.
"El levantamiento del secreto en estos momentos obstaculizaría el buen fin de la investigación, pudiendo frustrar la recuperación de activos malversados o el esclarecimiento de los hechos", insisten las fiscales.
