Encausados por protestas de La Vuelta piden que se archive la causa y acusan al Gobierno de "hipocresía"

Las denominadas '8 de Becerril', ocho activistas encausados por la protesta propalestina que interrumpió el paso de La Vuelta a España 2025 en Becerril de la Sierra, han exigido el archivo de la causa contra ellos y han acusado al Gobierno de "hipocresía" por animar al "boicot" pero permitir que se les investigue.

En una rueda de prensa este miércoles frente a la Fiscalía General del Estado, tres de los ocho encausados han anunciado la campaña 'Las 8 de Becerril', puesta en marcha desde la Asamblea de Vivienda de Villalba, junto a Amnistía Internacional, y un 'crowdfunding' para intentar recaudar "mínimo" 20.000 euros para cubrir costes del proceso judicial.

Así, han denunciado lo que consideran una "criminalización" de la protesta pacífica. Los hechos se remontan al 13 de septiembre de 2025, durante la penúltima etapa de la ronda ciclista, con final en la Bola del Mundo, cuando más de un centenar de personas participaron en una protesta contra la participación del equipo Israel Premier Tech.

Según la versión trasladada por la Asamblea de Vivienda de Villalba, dos activistas se descolgaron de un puente con una pancarta mientras otros participantes ocuparon la carretera a la altura de Becerril de la Sierra.

El único detenido durante aquella acción, Pablo González, ha asegurado este miércoles que el procedimiento judicial supone "un castigo ejemplarizante y un aviso a navegantes especialmente al movimiento con el pueblo palestino".

González ha explicado además que estuvo detenido menos de dos horas y ha denunciado una actuación "desproporcionada" por parte de agentes de la Guardia Civil durante su arresto.

"Me detuvieron a mí como podrían haber detenido a cualquier compañera. Tengo mi parte de lesiones y en la detención me aplastaron la cara contra la cuneta y me rompieron las gafas", ha explicado.

Según han indicado los activistas, las ocho personas investigadas están acusadas de atentado a la autoridad, desobediencia y desórdenes públicos y podrían enfrentarse a penas de prisión.

Su abogado, Diego Redondo, ha denunciado que la causa supone un "escarmiento" contra las protestas pro palestinas y que puede acarrear "importantes penas de prisión".

También ha detallado que el próximo 21 de octubre han sido citados a declarar en un juzgado de Collado Villalba, remarcando que niegan los hechos de manera rotunda.

"JUICIO POLÍTICO"

El letrado ha asegurado que se trata de "un juicio político", aunque ha insistido en que no ha sido politizado por su parte, sino por la de "un Estado hipócrita que anima al boicot y la movilización y luego encausa a activistas", en sus casos por presuntos atentado y resistencia contra la autoridad, desobediencia y desórdenes públicos.

De esta manera, han criticado unánimemente la "hipocresía" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "instó al boicot, pero solo al que él quería", y han asegurado que, "dadas las circunstancias", harán del juicio algo político.

También han defendido que las protestas fueron pacíficas y que la "desobediencia civil" es una "herramienta en cualquier democracia". Por ello, han exigido el sobreseimiento y archivo de la causa.

Daniel Canales, miembro del área de investigación de Amnistía Internacional España, ha asegurado que "protestar no es un delito" y ha mostrado su esperanza de que "este procedimiento no tenga más recorrido".

"Lo que esperaríamos es que no siguiera adelante porque la presentación de cargos penales contra acciones pacíficas de protesta vulnera los derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica", ha afirmado Canales, que también ha alertado sobre el "efecto disuasorio" que, a su juicio, generan este tipo de procedimientos penales sobre la participación en protestas sociales.

Respecto a la aprobación de una ley en la Asamblea de Madrid que permitiría a la Comunidad presentarse como acusación particular en casos como los disturbios de La Vuelta de 2025, el letrado ha asegurado no tener constancia de que el Ejecutivo regional de Isabel Díaz Ayuso tenga "intención de personarse como acusación" y ha dicho que "las palabras solo fueron un titular político".

En esta línea, ha reiterado que, de ser así, "sería otra limitación más del derecho a la protesta". "Sabemos lo que se hizo", ha concluido Redondo