La Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid ha levantado la suspensión cautelar sobre el edificio del antiguo restaurante Baobab, en el barrio de Lavapiés, ya que considera que "no tiene ningún valor cultural que sea objeto de protección", por lo que se convertirá en un hostel.
Según ha informado este martes el Ayuntamiento de Madrid, el pasado 22 de mayo la Comunidad de Madrid tomó la decisión sobre este inmueble que, han señalado, "estaba vandalizado y cerrado desde hacía tiempo".Así, desde la Agencia de Actividades del Consistorio madrileño se autorizó la sustitución del edificio y la implantación de la actividad de hostel en la finca.
El expediente pasó por la Comisión para la Protección del Patrimonio Histórico, Artístico y Natural y emitió un dictamen favorable a la demolición (25/05/2020) al considerarse que no había ningún elemento que proteger.
El pasado mes de enero, el PSOE acudió a la Fiscalía para denunciar los hechos y evitar el derribo del edificio al considerar que podría provocarse un daño irreversible. El Ayuntamiento de Madrid elevó la consulta a la DG de Patrimonio de la Comunidad de Madrid solicitando instrucciones sobre la licencia en vigor y se paralizaron las obras. El asunto queda ahora resuelto y se puede continuar con la construcción del hostel.
Tras hacerse pública esta información, el concejal socialista Antonio Giraldo ha señalado que se trata de una decisión "muy triste y preocupante". Giraldo ha acusado tanto a la Comunidad de Madrid como al Ayuntamiento de permitir el derribo de dos edificios "netamente castizos" para sustituirlos por un hostel de "cápsulas anodino", lo que, a su juicio, refleja el modelo de ciudad del Partido Popular: "hablan de defender el patrimonio y las costumbres, pero cuando el dinero está de por medio no tienen miramientos", ha subrayado.
El edil socialista ha explicado que han consultado el caso con expertos en patrimonio y arquitectura, así como con la asociación Madrid Ciudadanía y Patrimonio, y asegura que han detectado "fechas y datos contradictorios" en la resolución final de la Comunidad de Madrid. Por este motivo, desde el PSOE seguirán estudiando todas las vías posibles para frenar la operación y evitar la pérdida del patrimonio.