Efectos de la L7B de Metro en San Fernando, más allá de las grietas y las demoliciones

Las afecciones que vecinos de San Fernando de Henares sufren desde hace más de dos décadas por una negligente construcción de la línea 7B de Metro por parte de la Comunidad de Madrid ha afectado a esferas humanas esenciales como la salud, la seguridad y la económica.

Así se desgrana de un informe psicosocial realizado por parte del Centro Sira, centro de atención a víctimas de malos tratos y torturas, a petición de la Asociación Vecinal de Personas Afectadas por Metro Línea 7B, presentado en el centro cultual Gabriel Celaya, en San Fernando.

Según los resultados de la investigación, el 96% de los afectados consideran que las autoridades han generado mayor sufrimiento y el 98% que no han hecho nada para responsabilizarse o minimizar el malestar.

Asimismo, casi el 90% considera muy escaso o nulo el apoyo de la oficina de atención a la ciudadanía de la Comunidad de Madrid abierta específicamente en el municipio.

“Los datos recogidos evidencian que el daño sufrido por las personas afectadas no es un efecto inevitable de una obra pública, sino la consecuencia de procesos prolongados, a raíz de una negligencia y de una respuesta institucional insuficiente”

En cuanto a las consecuencias derivadas en afectaciones psicosociales, las más frecuentes son la interrupción de la vida cotidiana (90,2%), afectación económica (66,3%) y el impacto en el empleo (64%).

El documento tilda de “dimensiones críticas” las que han sufrido los niñas, niños y adolescentes: problemas de salud física (66,7%), afectación educativa (69%), limitación de movilidad y juego (71,4%) e inseguridad vital (75%).

Por otra parte, dentro de los impactos identificados, el daño alcanza la salud física y mental: problemas de sueño (79,1%), dolores de cabeza (71,4%), crisis de (64ansiedad ,4%) y consumo de medicación (46%).

Del mismo modo, han constatado un impacto vital y moral profundo: pérdida del proyecto de vida (89,7%), sensación de incapacidad de actuar (94,5%), cambios emocionales generalizados (76,1%), desafección política (76%) y percepción de daño moral (87%).

El informe ha subrayado que “los datos recogidos evidencian que el daño sufrido por las personas afectadas no es un efecto inevitable de una obra pública, sino la consecuencia de procesos prolongados, a raíz de una negligencia y de una respuesta institucional insuficiente”.

Según han valorado, la afectación simultánea en las viviendas, la economía, la salud, la vida comunitaria y el proyecto vital configura un daño estructural y colectivo, que se ha extendido más allá del epicentro inicial y ha alcanzado a familias, vecindario y al conjunto del municipio.

Entre los aspectos que incluye la propuesta de reparación articulada por los expertos del Centro Sira están la restitución habitacional, reparación de daños estructurales, medidas de salud física y mental, apoyo económico, acompañamiento administrativo y acciones para recuperar el tejido comunitario y los espacios públicos perdidos.

El documento también enfatiza la importancia de reforzar la participación vecinal en la toma de decisiones, garantizar mecanismos de información claros y transparentes y establecer garantías de no repetición para futuras intervenciones públicas.