Detenido un arquitecto por estafar 50.000 euros ofreciendo legalizar obras en terrenos protegidos en Madrid
- Las parcelas estaban situadas en terrenos no urbanizables de Chichón, Colmenar de Oreja y Valdilecha
La Guardia Civil ha detenido a un arquitecto técnico por estafar a propietarios de parcelas situadas en terrenos no urbanizables de protección de Chichón, Colmenar de Oreja y Valdilecha a los que ofrecía legalizar obras en los mismos.
Se le atribuyen cuatro delitos contra la ordenación del territorio y el urbanismo y otro de estafa continuada, informa la Guardia Civil, que estima que ha podido estafar desde 2022 unos 50.000 euros.
Los hechos comenzaron ese año cuando el investigado, residente en Madrid, comenzó a ofrecer la realización de gestiones dirigidas a la legalización de obras y a la actualización de expedientes urbanísticos en parcelas situadas en suelo clasificado como no urbanizable de protección.
En concreto ponía a disposición de los dueños de los terrenos supuestos servicios técnicos, administrativos o de intermediación asegurando falsamente la posibilidad de obtener licencias urbanísticas o declaraciones responsables para las obras.
Dichas actuaciones incluían el cobro a los afectados por la ejecución de obras sin título habilitante, que se habrían ejecutado sin licencia urbanística ni declaración responsable válida.
Operación Cimientos
Esta investigación está incluida en la operación Cimientos que la Unidad de Protección de la Naturaleza de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid desarrolla contra la proliferación de construcciones ilegales en distintos términos municipales y en zonas en las que está prohibida la construcción de viviendas.
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La operación Cimientos se ha realizado en diferentes fases con el apoyo de la Dirección General de Urbanismo de la Comunidad de Madrid y ha posibilitado que en los últimos cinco años hayan sido investigadas o detenidas 291 personas como presuntas autoras de delitos contra la ordenación del territorio.
La Guardia Civil recuerda que las construcciones ilegales contribuyen al deterioro del medio natural, conllevan una inadecuada gestión de vertidos y residuos y suponen un peligro para la seguridad de las personas ya que muchas se asientan en zonas de riesgo de incendios o inundables.
