La plantilla del servicio de recogida de basuras de San Sebastián de los Reyes ha convocado una huelga indefinida a partir del 25 de diciembre, con la que quieren reclamar la actualización de su convenio colectivo, que lleva dos años "caducado", y cuya renovación implicaría una subida salarial del 10% a cinco años.
El servicio lo presta desde 2019 la empresa Urbaser, aunque una decisión judicial ha determinado que próximamente la contratación sea devuelta a Cespa, que lo ejercía con anterioridad.
En junio se amenazó con un paro indefinido
La plantilla ya amenazó con realizar esta huelga indefinida el pasado mes de junio, pero fue finalmente aquella convocatoria suspendida tras alcanzar un principio de acuerdo que todavía "no se ha puesto en marcha".
Así se lo ha explicado el responsable de saneamiento urbano de CCOO, Pedro Morán, quien detalla que históricamente el convenio de los trabajadores de San Sebastián de los Reyes se actualizaba en las mismas condiciones que el del Ayuntamiento de Madrid, pero en la última firma, en 2019, la empresa se negó a extender a los operarios de la localidad las mismas cláusulas.
Dos años de convenio "caducado"
Por ello, los trabajadores llevan dos años con el convenio "caducado" y "habiendo perdido algunas ventajas", como esa subida salarial o la concesión de dos días adicionales de asuntos propios, algo de lo que sí están disfrutando los trabajadores de la capital.
Desde CCOO también critican que el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes "no haya mediado" para frenar esta situación, a la que los trabajadores no querrían tener que llegar "para no perjudicar a los vecinos".
De no firmar la actualización del convenio en los próximos días, los trabajadores iniciarán la huelga la noche del 25 de diciembre a las 23.00 horas, con unos servicios mínimos que tendrán que ser fijados por el Consistorio, tras no haber llegado a acuerdo los empleados y la empresa.
El ayuntamiento se defiende
Por su parte, fuentes del consistorio insisten en declaraciones a Efe que el origen del conflicto es "la negativa de la adjudicataria", cuyo contrato se generó en 2015, bajo el Gobierno del PP, que tenía condiciones económicas "a la baja" y que dejaba fuera tanto la limpieza de algunas zonas de la ciudad, como posibles mejoras económicas.
Añaden las mismas fuentes que ese contrato "mal dimensionado" no atiende "bien" ni a la ciudad ni a los trabajadores, por lo que la concesionaria no ha podido atender las reivindicaciones laborales, afectada también por bloqueos judiciales.
Pese a todo, defienden que "en todo momento" el ayuntamiento ha estado en contacto con ambas partes para "intentar solucionar una situación muy difícil de encauzar por lo complicado de la situación generada por otro equipo de gobierno".
