La Comisión Mixta de relaciones con el Tribunal de Cuentas en el Congreso de los Diputados ha aprobado este martes asumir las conclusiones y recomendaciones del informe elaborado por el órgano fiscalizador sobre el Tranvía de Parla, que detectó cambios en las obras sin una relación con el objeto principal del contrato de concesión y un sobrecoste del 38,6 por ciento sobre el montante inicialmente previsto. La comisión ha tratado hoy las propuestas de resolución redactadas por los distintos grupos parlamentarios en relación con el informe sobre el Tranvía de Parla que la institución presentó hace unas semanas y han salido adelante las presentadas por Ciudadanos, PSOE y PP mientras que se han rechazado las de Unidos Podemos.
Tanto el PP como el PSOE acordaba en sus propuestas de resolución aprobadas en comisión asumir el contenido del informe de fiscalización del desarrollo, mantenimiento y gestión del Tranvía de Parla, así como sus conclusiones y sus recomendaciones.
También se han aprobado por unanimidad las propuestas presentadas por Ciudadanos con el fin de instar al Gobierno a llevar a cabo estudios técnicos y económicos "más rigurosos que analicen comparativamente las posibles alternativas existentes, según los principios de economía, racionalidad y eficiencia en la gestión del gasto público".
Además, piden al Gobierno "regular de forma precisa los derechos y las obligaciones de cada una de las partes, cuando la ejecución de los proyectos de inversión precisen de la intervención de varias administraciones, garantizando la colaboración y coordinación en las funciones de supervisión, vigilancia y sanción".
Por último, también le instan a acabar con la "cultura del modificado de la obra pública española que, frecuentemente implica incrementos de costes y desviaciones temporales, que desvirtúan las condiciones competitivas en las que fueron originariamente licitados".
El informe del Tribunal de Cuentas, tal y como reveló en una comisión anterior el presidente del órgano, Ramón Alvarez de Miranda, expone que el Consistorio de Parla optó por esta infraestructura para la movilidad interna de la localidad "sin que se haya acreditado la existencia de estudios previos en los que se analizara este medio de transporte frente a otros alternativos" y sin que tampoco se valorara el impacto económico de este medio de transporte en la administración local. Además, estipula en relación a la tramitación de los expedientes contractuales para el desarrollo, mantenimiento y gestión del tranvía que el pliego de cláusulas administrativas "particulares" del contrato de concesión adolecía de "carencias" e "indefiniciones".
También destaca que desde que se adjudicó la concesión en 2005, la situación financiera del Ayuntamiento de Parla muestra un "sucesivo empeoramiento de la situación deficitaria". Solo a partir de modificaciones presupuestarias, por los préstamos solicitados para afrontar pago a proveedores, se "fueron regularizando el presupuesto de las facturas pendientes", añade.
ALTA DE JUSTIFICACION EN CAMBIOS ACOMETIDOS
El informe elaborado por el Tribunal de Cuentas determina, en lo relativo a la elaboración y ejecución del proyecto constructivo y a la recepción de las obras, que "no se justificó debidamente" para "ninguna" de las modificaciones del contrato que resultaran de necesidades nuevas o causas imprevistas.
El estudio revela que el coste total por todos los conceptos generado en la construcción del tranvía ascendió a 130,7 millones de euros, de los cuales 129,6 millones correspondían a las obras de construcción y al suministro del material móvil, lo que supone un incremento del 38,6 por ciento respecto del coste inicialmente previsto.
A finales de 2014, según expone las conclusiones del informe de fiscalización, quedaban pendientes de registro y de imputación al presupuesto 56 millones de euros.
Por otro lado, el importe total de los compromisos económicos del Ayuntamiento devengados hasta el 31 de diciembre de 2014 por todos los conceptos relativos al tranvía ascendía a 180,5 millones de euros (cantidad que incluye el importe de construcción unido a los compromisos de inversión y exploración).
De esta cantidad, se habían cancelado por abonos al concesionario 138,6 millones de euros, de los que 80,3 millones de euros fueron satisfechos en virtud de los mecanismos de pago a proveedores.
A su vez, el Tribunal de Cuentas determina que en el estudio de viabilidad funcional y económica "no se valoró el posible coste para la administración" de la inversión a realizar.
También explica que el objeto del contrato de concesión comprendía la redacción del proyecto, la ejecución de las obras y la explotación del servicio y se disponía que dicho objeto era susceptible de ser ampliado mediante la presentación de mejoras, dejando "margen de discrecionalidad a los licitadores para la formulación de aquellas en sus ofertas".
RECOMIENDA MAS ESTUDIO ECONOMICO Y MAS RIGOR EN LA CONTRATACION
Respecto a este informe, el órgano fiscalizador recomienda en los relativo a la ejecución de grandes infraestructura en municipios que "debería asegurarse la disponibilidad de recursos suficientes para su financiación y mantenimiento, sin comprometer el equilibrio financiero de las entidades responsables de su pago". Asimismo, aconseja que antes de acometer la ejecución de tales infraestructuras, deben realizarse los estudios previos "necesarios", en los que deben analizarse las posibles alternativas existentes; valorarse que la opción elegida "es la más adecuada" en su conjunto y que resulte "viable" en cuanto a su construcción y gestión, en términos de sostenibilidad económico-financiera, social y medioambiental. También expone que debe haber "un mayor rigor" en la tramitación de las fases de preparación y adjudicación de los contratos que se celebren.
"En los informes técnicos debería motivarse suficientemente la valoración de las ofertas, en todos sus términos, de modo que pueda verificarse que las puntuaciones han sido otorgadas con sujeción a los principios de objetividad y transparencia", zanja el Tribunal de Cuentas.
