La Comunidad de Madrid quiere combatir las acciones que inciten al odio, la discriminación o la intolerancia con una nueva ley que, entre otras medidas, contempla sanciones de hasta 45.000 euros y plantea crear un protocolo de atención a las víctimas de estos actos y un plan de prevención.
El Consejo de Gobierno ha analizado el informe del Proyecto de Ley de Protección contra las Acciones de Incitación al Odio, la Discriminación y la Intolerancia, que una vez que reciba los preceptivos informes de cada Consejería será remitido a la Asamblea para que sea tramitado y reciba las aportaciones de los grupos de la oposición.
Cristina Cifuentes ha explicado que esta ley supondrá "un paso importante para avanzar en el espacio de la igualdad, la libertad y la no discriminación", y combatirá las acciones de odio o discriminación por cualquier motivo: nacimiento, racismo, enfermedad, religión, ideología, sexo u orientación sexual.
Por primera vez los ciudadanos podrán realizar sus aportaciones al proyecto de ley, que se publicará para que quien quiera pueda leerlo y formular sus propuestas, ha recalcado Cifuentes.
Según ha detallado la presidenta, la futura ley -cuyo ámbito de aplicación será toda la Comunidad de Madrid- busca rellenar el vacío que quedó después de que en la última reforma del Código Penal desaparecieran las faltas, de manera que algunas conductas que no son delito pero que antes sí se podían considerar faltas, ahora no tienen sanción.
"Queremos ocupar ese vacío, poder sancionar desde el punto de vista administrativo", ha dicho, con el fin de avanzar hacia una sociedad "más tolerante, que luche con todos los instrumentos contra la discriminación, la intolerancia y el odio".
El proyecto que ha estudiado el Gobierno contempla una clasificación de las acciones en leves (con multas de hasta 3.000 euros), graves (entre 3.001 y 20.000 euros de sanción) y muy graves (desde 20.001 hasta 45.000 euros de multa), dependiendo de los daños causados, la permanencia de las repercusiones, el número de personas afectadas, la intencionalidad del infractor o la reincidencia.
Para poder garantizar la seguridad jurídica de las víctimas y de los presuntos autores de la acción, se prevé que la ley defina "con detalle" los conceptos esenciales, recogiendo definiciones precisas de lo que es, por ejemplo, el acoso discriminatorio, acto de intolerancia, discurso de odio o represalia.
Se aplicará la ley en los ámbitos de la educación, la sanidad, los servicios sociales, el empleo, el acceso a bienes y servicios, las actividades culturales y deportivas o el acceso a espacios públicos. Cifuentes ha incidido en que se va a prestar especial atención al ámbito de internet y las redes sociales -"espacios especialmente propicios" para que busquen impunidad muchas personas intolerantes, ha dicho- y en la publicidad.
Así, una vez que la Comunidad tenga conocimiento de un caso de discriminación, incitación al odio o intolerancia pondrá en marcha el sistema para, en primer lugar, detener el hecho en sí, después investigar los hechos y, finalmente, adoptar medidas sancionadoras si corresponde.
El proyecto de ley prevé también la creación de un Observatorio para la Igualdad de Trato y la Protección de la Dignidad de la Persona, que vigilará las acciones que inciten al odio o discriminación. Respecto al Protocolo de Atención a las Víctimas, contempla una atención "especializada y multidisciplinar" que comprenda el asesoramiento, la asistencia -en especial sanitaria- y las medidas sociales que ayuden a su recuperación integral.
Habrá también un punto de información para dar una atención integral y personalizada; se establecerán convenios y programas con entidades sociales especializadas para atender a las víctimas; se llevarán a cabo acciones de sensibilización de la población de manera periódica; y se realizarán acciones orientadas a promover valores de igualdad y no discriminación en empresas y entidades.
BORJA CARAVANTES SERÁ EL NUEVO CONSEJERO DELEGADO DE METRO DE MADRID
Además, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha realizado un "reajuste" en su gobierno, con una docena de cambios, tras año y medio en la Presidencia de la Comunidad, unos cambios que buscan dar un "nuevo impulso" a su acción de gobierno.
Así, en la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía Cristina Álvarez Sánchez cesa como directora general de Relaciones con la Asamblea y es sustituida por Blanca Pinedo Texidor.
En Economía, Empleo y Hacienda Javier Ruiz Santiago será viceconsejero de Economía e Innovación; Gregorio Moreno López será director general de Presupuestos y Recursos Humanos; Francisco Javier Abajo Dávila será director general de Industria, Energía y Minas; y Ana Isabel Martín Fernández será directora general de Formación en sustitución de Irene Navarro Álvarez.
Respecto a la Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio, Diego Sanjuanbenito Bonal será director general de Medio Ambiente (en sustitución de Mariano González Sáez); Juan Ignacio Merino de Mesa ha sido nombrado director general de Administración Local (en sustitución de Miriam Rabaneda Gudiel); y María José Torres Hors será directora del Área de Urbanismo y Suelo (en sustitución de Sonsoles Martínez Agudo).
Por su parte, en Sanidad Miriam Rabaneda será la directora general de Planificación, Investigación y Formación en sustitución de Emilia Sánchez Chamorro, que cesa a petición propia.
En la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, Cristina Álvarez Sánchez será viceconsejera de Educación no universitaria, Juventud y Deportes en sustitución de Carmen González Fernández; y Elena Marroig Ibarra será directora general de Infraestructuras y Servicios en sustitución de Gonzalo Aguado Aguirre.
A su vez, Manuel Galán Rivas asumirá la Secretaría General Técnica de la Consejería de Políticas Sociales y Familia en sustitución de Miguel Ángel Jiménez Pérez.
Finalmente, el Consejo de Gobierno, constituido en Junta General de Accionistas de Metro, ha tomado razón de la dimisión de Juan Bravo como consejero delegado y ha procedido a nombrar miembro del Consejo de Administración a Borja Carabante Muntada, que será el nuevo consejero delegado de la entidad; además, se propone como gerente del Consorcio Regional de Transportes a Alfonso Sánchez Vicente.
