El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha desistido de construir el actual proyecto de la Ciudad de la Justicia, que pretendía unificar en una zona de la ciudad de Madrid las sedes de la administración judicial autonómica y cuyo concurso fue suspendido por el Ejecutivo de Cristina Cifuentes en julio. El consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, ha asegurado que la Abogacía ha informado favorablemente esta decisión, que ha tomado la dirección general de Justicia y Seguridad Autonómica, al entender que existe "incerteza" ante las reclamaciones judiciales interpuestas por los anteriores licitadores contra el germen del proyecto, conocido como Campus de la Justicia.
A la primera reclamación se han unido otras dos, de dos estudios de arquitectura, por lo que hasta tres recursos convierte en "incierta" la resolución de los plazos, ha explicado Garrido.
Los actuales licitadores podrían tener derecho a una indemnización de unos 500.000 euros cada uno, aunque antes tendrían que solicitarla justificadamente, ha indicado.
Garrido ha precisado que el desistimiento del proyecto no acaba con el "concepto" de la Ciudad de la Justicia, que le parece "bueno", de concentrar las sedes judiciales.
Lo que hará la Comunidad es retomar "desde el principio" el proyecto, una vez se hayan concluido los procedimientos de resolución de los contenciosos-administrativos planteados.
El responsable de Presidencia y Justicia ha considerado que el proyecto de la Ciudad de la Justicia relanzado por el anterior Ejecutivo autonómico y sucesor del Campus de la Justicia estuvo "viciado desde el inicio".
Ha asegurado que el ejecutivo propondrá en seguida el contacto con los grupos políticos y con los operadores jurídicos para poner en marcha un nuevo proyecto.
UN ESPACIO DE 200.000 METROS CUADRADOS PARA REUNIR 356 ORGANOS JUDICIALES
El pasado 9 de julio, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, anunció la suspensión del proceso de adjudicación de la Ciudad de la Justicia a raíz de la recomendación de un informe de la Abogacía sobre la adjudicación.
La suspensión, según explicó entonces Cifuentes, se debe a la admisión en el mes de abril de un recurso de la empresa Corsán ante el Tribunal Administrativo de Contratación Pública a raíz del proyecto previo al de la Ciudad de la Justicia -conocido como Campus de la Justicia-.
Ese proyecto inicial quedó "formalmente disuelto", pero una de las empresas adjudicatarias (Corsán) dejó pendiente un contrato.
Por ello, una vez que se inició el procedimiento de adjudicación de la Ciudad de la Justicia, esa empresa presentó un recurso que fue admitido en abril que indicaba que había que paralizar la última adjudicación del Consejo de Gobierno.
El proyecto ideado por el anterior Ejecutivo regional para la Ciudad de la justicia reunía en un mismo espacio de Valdebebas todos los juzgados de Madrid en sus más de 200.000 metros cuadrados, que acogerían 356 órganos del partido judicial de Madrid, actualmente distribuido en 28 sedes.
Suponía unir los juzgados de Primera Instancia y las secciones civiles de la Audiencia Provincial, a excepción de la sección mercantil, y poner fin a la dispersión actual.
El proyecto incluía 319 salas de vistas, 91 más que las que existen actualmente en el partido judicial de Madrid (228). Los jueces y magistrados tendrían 130 despachos más que ahora, un total de 550, y los fiscales 251, es decir, 86 más.
LOS PARTIDOS DE LA OPOSICIÓN QUIEREN CONOCER EL COSTE DEL CIERRE
Los grupos parlamentarios de PSOE y Ciudadanos han reclamado hoy conocer el coste del cierre definitivo del actual proyecto de la Ciudad de la Justicia, mientras que Podemos ha pedido que los recursos que se iban a adjudicar se destinen a "mejorar el acceso a la justicia".
"Queremos saber cuánto supone el cierre definitivo de ese proyecto", ha reclamado el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado. En la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, ha dicho que si el Gobierno regional retoma el proyecto "desde el principio", como ha explicado el consejero, cree que habría que hacerlo "con consenso" y de un modo "distinto a como se ha hecho", ya que "ha sido un absoluto fracaso".
Aguado opina que la idea de agrupar las sedes judiciales es "buena" porque "facilitaría la vida de los profesionales de la Justicia y de los ciudadanos" al tenerlo todo "a mano", pero considera que antes habría que elaborar un nuevo plan.
En la misma línea, el portavoz del PSOE, Ángel Gabilondo, ha valorado la decisión del Gobierno regional, aunque ha solicitado que el nuevo proyecto se haga con "consenso", "planificación" y evaluando previamente los costes que supondrá el cambio. "Todo lo que sea reorientar eso y pensar en la posibilidad de hacer un plan diferente nos gusta", ha recalcado.
Gabilondo ha comentado que en el proyecto de unificar las sedes en el barrio de Valdebebas había "cosas que no estaban bien hechas" y ha adelantado que apoyarán "todo lo que sea racionalizar y mejorar la justicia".
El portavoz de Podemos, José Manuel López, ha valorado el cierre del actual proyecto de Ciudad de la Justicia, una decisión en la que opina que han influido los "despilfarros" conocidos en la comisión de deuda de la Asamblea de Madrid, que ha centrado sus tres primeras sesiones en este asunto."Creemos que hay que invertir en Justicia con recursos y medios materiales, pero no más ladrillo", ha dicho. En este sentido, ha pedido que los recursos que se iban a destinar a este proyecto se empleen en "mejorar el acceso a la justicia de todos los madrileños".
Por su parte, el portavoz del PP, Enrique Ossorio, ha subrayado que la Abogacía de la Comunidad de Madrid recomienda acabar con el proyecto de la Ciudad de la Justicia, pero no con la idea de agrupar sedes, ya que "ahorraría costes de seguridad, limpieza, envío de documentación y desplazamientos".
