La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha explicado hoy que el anteproyecto de ley para limitar los centros integrados de desarrollo (CID) incluye también que su adjudicación administrativa se otorgue mediante concurso público para asegurar la transparencia y la libre concurrencia.
El Consejo de Gobierno ha aprobado ha iniciado hoy la tramitación del anteproyecto para modificar la Ley de Medidas de Política Territorial, Suelo y Urbanismo, que, como ya había anunciado el Gobierno autonómico, también limitará la figura de los CID a suelos públicos o en los que no se deba recalificar el uso. "En ningún caso se podrá dar calificación de CID en suelo no urbanizable", ha detallado Cifuentes.
Además, se exigirá que los promotores privados de proyectos como el que Cordish pretende establecer en la localidad madrileña de Torres de la Alameda justifiquen la urgencia y el excepcional interés público del proyecto.
La modificación de esta figura permitirá también que sea la Administración la que determine las infraestructuras necesarias, su ubicación y permitirá también que las localidades afectadas decidan si las infraestructuras son suficientes.
Los costes, que asumirán principalmente los adjudicatarios, también serán analizados por la Administración para ver si lo previsto es adecuado o si se debe incrementar.
Si el proyecto cumple todos los requisitos la autorización administrativa se otorgará por concurso público, garantizando la publicidad y concurrencia de los procesos, a los que podrán optar los propietarios del suelo; con la actual redacción de la ley los propietarios del suelo afectados no pueden participar.
Con las modificaciones que propone el Gobierno autonómico se logran, ha detallado Cifuentes, mecanismos suficientes para garantizar el interés general, impedir las operaciones de carácter especulativo, cubrir vacíos legales y dar más protagonismo a los municipios que puedan verse afectados por los CID.
