El vicepresidente primero de Gobierno y ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, se reunirá con la Policía para analizar las peticiones de desalojo en la Puerta del Sol de la acampada del movimiento del 15M realizadas por el Ejecutivo de la Comunidad de Madrid en funciones y por los comerciantes de la zona.
En rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Rubalcaba ha explicado que la Comunidad de Madrid se ha dirigido al Ministerio "para pedir" que Interior desaloje la plaza. "También lo hicieron los comerciantes hace unos días", ha añadido, aclarando que la Delegación de Gobierno ha mantenido alguna reunión con ellos.
En su opinión, "una parte" de los problemas que los comerciantes planteaban "eran ciertos" y se han "resuelto ya" y ahora "quedan algunos por resolver". "Lo que queda por resolver de los comerciantes y la petición de la Comunidad de Madrid voy a analizarlo con la Policía y ya tomaremos una decisión", ha señalado.
ARRECIAN LAS CRITICAS
El campamento de Sol despertaba esta mañana con la noticia del desalojo de los acampados barceloneses, a quienes han declarado su apoyo incondicional mientras confiaban en que la Policía no haga lo mismo en Madrid. Con todo, esperaban en que el desalojo de Barcelona suponga "una palmadita en la espalda" a la protesta madrileña, y han convocado concentraciones esta tarde para solidarizarse con los manifestantes de la Ciudad Condal.
Pero tras diez días de acampada, las quejas han arreciado por parte de las autoridades y los comerciantes de la zona. El consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad en funciones y secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, ha pedido este viernes al Ministerio del Interior y a la Delegación de Gobierno que inicien el desalojo de los acampados en la plaza de Sol porque entiende que "se ha quebrado el Estado de Derecho y se ha conculcado la libertad de libre circulación de personas".
El consejero madrileño ha señalado que tanto el Ministerio como la Delegación de Gobierno han permitido hasta ahora el asentamiento porque "han entendido que era peor el remedio que la enfermedad" y consideraban que, "lo mejor era esperar a ver si el movimiento iba languideciendo y terminaba disolviéndose de manera natural". "Es evidente que eso no ha ocurrido", ha apostillado. Además, a día de hoy la cosa "ha degenerado". "La situación se ha deteriorado enormemente. Nada tienen que ver las personas que están ahora con las que había los primeros días. Hay un problema tremendo desde el punto de vista de la seguridad. Hay una acumulación de cartones, de palés de madera, de combustibles que ponen en riesgo la seguridad de las personas allí concentradas. En consecuencia, yo creo que ya está bien y que hay que desalojar", explica.
Por su parte el consejero de Economía en funciones, Antonio Beteta, consideraba "un atropello" al estado de derecho "por razones políticas" la "pasividad" del Gobierno con el Movimiento del 15-M, y le ha responsabilizado de las pérdidas económicas y de empleo que está generando, por lo que ha exigido su actuación "urgente" para evitar "la ruina".
A las quejas se ha sumado el Ayuntamiento de Madrid, que cree que las condiciones de salubridad que hay en la acampada aconsejan que no se prolongue más "para no generar un problema de salud pública", por lo que ha instado a la Delegación del Gobierno a intervenir. El delegado de Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento en funciones, Pedro Calvo, ha encargado un estudio a Madrid Salud -organismo que agrupa todas las actividades municipales de salud pública y drogodependencias- sobre la salubridad de la acampada, que dará a conocer a la Delegación del Gobierno.
COMERCIANTES Y EMPRESARIOS HABLAN DE DRÁSTICA CAÍDA DE LAS VENTAS
Otras críticas distintas son las que han hecho llegar los comerciantes, que han denunciado que la acampada ha repercutido no sólo en una caída drástica de las ventas, que han cifrado entre el 70 y el 80 por ciento, sino también en la no contratación de unas 1.500 personas para la temporada de primavera.
No sólo resultan afectadas las tiendas, sino también los hoteles, que, según han dicho, en la última semana han tenido entre un 30 y un 40 por ciento de pérdidas, pero, además, han sufrido cancelaciones de reservas para próximas semanas que llegan casi al 50 por ciento.
Frente a esta situación, la Confederación de Comercios de Madrid y la Asociación de Comerciantes de Preciados, Carmen y Arenal han exigido también la disolución "voluntaria y pacífica" de los manifestantes y, de no cumplirse, la actuación "urgente" de la Delegación del Gobierno.
Algo más lejos ha ido el presidente de CEIM-CEOE, Arturo Fernández, quien ha anunciado que los empresarios de Madrid emprenderán acciones legales si el Ministerio del Interior no resuelve "de inmediato" la ocupación.
En apoyo de los manifestantes se ha pronunciado la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), que ha hecho un llamamiento a los ciudadanos para acudir esta tarde a Sol y expresar su apoyo a la Acampada de Barcelona.
