La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha afirmado que a partir de hoy el Gobierno regional tiene "vía libre, sin impedimentos" para la reunificación necesaria de las sedes judiciales, abordándolo "con rigor y solvencia" y hablando con el sector afectado. De este modo lo ha expresado Cifuentes una vez conocida la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que ha respaldado el desestimiento del Gobierno regional en los planes de construcción de la Ciudad de la Justicia ideada por el Ejecutivo de Ignacio González (PP) y que frenó el Gobierno de Cifuentes.
En declaraciones a la prensa en la sede de la Comunidad, Cifuentes ha asegurado que la sentencia del TSJM es "un éxito" del Gobierno regional en el contencioso y que si no hubiese sido así "habrá supuesto una pérdida patrimonial importante para las arcas públicas madrileñas". Según Cifuentes, en el nuevo intento de reunificar las sedes judiciales, su gobierno hablará con los representantes del sector, como jueces, fiscales y abogados.
"La sentencia rechaza todos los argumentos de las empresas recurrentes, da la razón a la Comunidad en cuanto a que era un proyecto que no podía prosperar, y ratifica que el Gobierno de la Comunidad actúa siempre conforme a la legalidad y a los intereses de los madrileños.
En una sentencia fechada el pasado día 3, el TSJM considera conforme a derecho la decisión tomada en julio de 2015 por parte del Gobierno de Cifuentes de desistir de la construcción de la Ciudad de la Justicia al considerar que existían infracciones "no subsanables" en las normas de preparación del contrato.
El TSJM ve contraria a derecho la resolución dictada en enero de 2016 por el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, que rechazaba el desistimiento y también rechaza los argumentos presentados por las licitadoras Acciona y OHL
FALLO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha suspendido la construcción de la Ciudad de la Justicia ideada por el Ejecutivo de Ignacio González (PP) y que frenó la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. En una sentencia fechada el pasado 3 de noviembre, el TSJM considera conforme a derecho la decisión tomada en julio de 2015 por parte del Gobierno de Cifuentes de desistir de la construcción de este espacio al considerar que existían infracciones "no subsanables" en las normas de preparación del contrato.
En cambio, este órgano ve contrario a derecho la resolución dictada en enero de 2016 por el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, que rechazaba el desistimiento y también rechaza los argumentos presentados por las licitadoras Acciona y OHL.
Según la sentencia del TSJM, la concesión para construir la Ciudad de la Justicia no determinaba "con precisión" el objeto del contrato que es "de todo punto incompatible física, arquitectónica, jurídica y económicamente" con el que ya se había adjudicado en el año 2007 a Corsán-Corviam para construir los Juzgados de lo Social y Mercantil.
Ambos proyectos, el adjudicado a Corsán y el de la Ciudad de la Justicia, se referían a los mismos terrenos mientras que las edificaciones eran incompatibles entre sí.
Según el tribunal, la Comunidad de Madrid debió resolver de forma previa a iniciar un nuevo proceso de contratación "todos aquellos contratos que suponían de facto una duplicidad de objetos para poder definir con precisión las necesidades reales a cubrir".
Sin embargo, no lo hizo y el Ejecutivo de Ignacio González aprobó adjudicar el proyecto en junio de 2015, antes de que Cifuentes tomase posesión, sin precisar el objeto del contrato, lo que supone una "infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato" que legitima el desistimiento posterior.
El TJSM considera que "no se puede sostener con un mínimo de seriedad y rigor" que las infracciones en el contrato eran subsanables, como afirmaba el Tribunal Administrativo de Contratación Pública, y rechaza los argumentos de Acciona y OHL argumentaban que con su desistimiento la Comunidad de Madrid incurría en fraude de ley y abuso de poder.
"Los principios de seguridad jurídica, de confianza legítima y de imposiblidad de ir contra los propios actos, se aplican siempre que no supongan vulneración de la legalidad, pues no pueden estar por encima o al margen de ella", explica el TSJM. En un mensaje a través de Twitter, la presidenta regional Cristina Cifuentes asegura que "los tribunales" han dado la razón a su Gobierno, lo que "supondrá un gran ahorro para los madrileños". "Aún así, sabemos que es necesario concentrar las sedes judiciales y no renunciamos a presentar un proyecto sensato en ese sentido", ha añadido la dirigente autonómica.
En un comunicado, el Gobierno regional señala que, sin perjuicio de que OHL y ACCIONA recurran en casación en el plazo de 30 días se tiene por válido el desistimiento del proyecto. El concurso del proyecto de la Ciudad de la Justicia, que concentraría las 356 sedes judiciales ahora dispersas en 28 edificios, fue promovido por Ignacio
González en la anterior legislatura y suspendido por el Ejecutivo regional de Cifuentes para retomarlo "desde el principio". La oferta presentada por Acciona y OHL para la nueva Ciudad de la Justicia fue la que obtuvo mejor puntuación técnica y económica en el proceso de licitación, que contemplaba la financiación del proyecto con 400 millones de euros de fondos privados, pero la adjudicación definitiva no llegó a producirse.
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