El equipo de Gobierno de Manuela Carmena ha convocado para el próximo lunes, 23 de noviembre, una mesa de trabajo para analizar la Operación Chamartín con los agentes sociales y los grupos de la oposición, según ha anunciado hoy el concejal delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo.
En respuesta a una pregunta formulada en una comisión municipal por el concejal popular Borja Carabante sobre si preveía la puesta en marcha de auditorías sobre las operaciones urbanísticas especulativas, Calvo ha asegurado que se han acabado "las decisiones tomadas en despachos a puerta cerrada" y como demostración de ello se va a crear una "mesa plural" para abordar la operación urbanística en el norte de Madrid.
"Invitamos al resto de grupos y a los agentes de la sociedad civil", ha dicho el delegado del área sobre esa mesa de trabajo que analizará la viabilidad de la denominada Operación Chamartín, un proyecto para remodelar el norte de Madrid ideado hace 20 años que abarca más de tres millones de metros cuadrados al norte de la capital y supone prolongar en 3,7 kilómetros el paseo de La Castellana, principal arteria de Madrid.
El pleno del Ayuntamiento de Madrid aprobó el pasado 28 de octubre la creación de una mesa para "analizar, evaluar y reconsiderar" la Operación Chamartín, en la que los grupos políticos y los agentes sociales precisarían las condiciones que debe tener el proyecto para que encaje en el "modelo de ciudad" para la capital.
Los grupos del PSOE y de Ahora Madrid aprobaron en ese pleno una enmienda a una proposición de Ciudadanos, que abogaba porque en un plazo no mayor de tres meses se establecieran las directrices básicas para desbloquear el desarrollo de la zona norte de la ciudad.
En ese debate plenario, José Manuel Calvo aseguró que el proyecto de la Operación Chamartín no estaba "parado" en su despacho y pidió un "análisis riguroso" al no ser un proyecto cualquiera por su tamaño y complejidad, sino una de las grandes operaciones de la ciudad.
Hoy, tras anunciar la convocatoria de la mesa en la comisión, José Manuel Calvo ha defendido la necesitar de "auditar" las grandes operaciones para que no suceda con otros casos lo mismo que con la Ciudad de la Justicia de Madrid, que tal y como anunció ayer la presidenta regional, Cristina Cifuentes, no se llevará a cabo aunque costará, según Calvo, "105 millones de euros con cargo al bolsillo de los madrileños".
En respuesta a Carabante, que ironizaba sobre si las decisiones con la empresa Villar Mir -impulsora de la Operación Canalejas- se toman en una asamblea, Calvo ha dicho que le "encantaría" compartir una asamblea con grupos empresariales y ha asegurado que precisamente ayer hubo una asamblea con los vecinos de la zona de Chamartín a la que se invitó a la empresa impulsora del proyecto, que "no quiso asistir".
"No puedo obligarles a que vengan a la Asamblea", ha ironizado Calvo.
Según el proyecto actual, la urbanización correría a cargo de la empresa Distrito Castellana Norte -empresa en la que participan dos accionistas privados, BBVA con un 75,5 % y la constructora San José-, que contemplaba construir 17.000 viviendas -el 10 % con algún tipo de protección-.
La operación supondría también soterrar algunas de las actuales instalaciones de Renfe y Adif y ampliar los nudos de carreteras y la estación de Chamartín, además de remodelar la M-30, transformar el nudo de la M-40 y otros refuerzos.
