El pleno de la Asamblea de Madrid ha aprobado este jueves, con los votos del PP y la abstención de PSOE e IU, la reforma de la Ley de Cajas que deja abierta la puerta a su transformación en bancos, y que da a la Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid la última palabra en la toma de esta decisión. La norma, que introduce en la legislación madrileña el artículo 5.4 del Real Decreto-Ley del Estado del mes de julio, reduce la representación política en los órganos de gobierno de la caja, refuerza su obra social y autoriza la capitalización de las cajas, permitiendo a la Comunidad de Madrid reservarse la última palabra a la hora de que una caja domiciliada en la región decida reducir su participación en la entidad de crédito o central y transformarse en una fundación especial.
Ese ha sido el aspecto remarcado por el consejero de Economía y Hacienda, Antonio Beteta, durante su intervención en la Cámara madrileña. Según el consejero, se persigue "la incorporación a la normativa autonómica de las nuevas estructuras exigidas por la Ley Básica Estatal" y se cumple con una serie de "objetivos adicionales" que pasan por la "despolitización absoluta de la gestión financiera, la libertad de actuación en el mercado y el fomento de la obra social, que es la causa que justificó en su origen la creación de estas entidades".
Entre las modificaciones que contiene la norma se encuentra la limitación de la representación pública hasta un máximo del 40 por ciento, porcentaje que se redistribuye entre los diferentes sectores de representación, incrementándose en el caso de los impositores y disminuyendo el de las corporaciones municipales en un 1,5 por ciento. El consejero ha explicado que lo que se persigue es conseguir una "mayor profesionalización".
Por otro lado, la Ley incorpora la nueva regulación estatal de las cuotas participativas a la normativa autonómica para que, además de los derechos económicos, se regulen los derechos políticos y de gestión que también le corresponden a los cuota-partícipes (nuevos accionistas privados) y potencia la Obra Social, en su forma actual o bajo las nuevas estructuras que puedan crearse (fundaciones de carácter especial), que quedarán bajo protectorado de la Administración autonómica.
Además, prevé que independientemente de las modificaciones estructurales que puedan sufrir las cajas, las entidades resultantes deben continuar con la obra social, destinando los mismos porcentajes previstos en la legislación. La normativa también regula que el presupuesto de las fundaciones que las cajas pueden crear para desarrollar obras sociales debe ser autorizado por la Comunidad de Madrid y supervisado por la Asamblea General.
Beteta ha añadido que "el objetivo final no es otro que conseguir que las cajas de ahorros estén preparadas para enfrentarse a los retos del futuro, que estará presidido por el endurecimiento de los requisitos de solvencia a causa de las nuevas normas internacionales sobre regulación, supervisión, riesgo y solvencia de las entidades de crédito acordadas en los Acuerdos de Basilea III".
LOS AYUNTAMIENTOS PODRÁN DELIMITAR EN QUE ZONAS SE VENDE ALCOHOL DESPUES DE LAS 22 HORAS
Al margen, el Grupo Popular en la Asamblea de Madrid ha introducido una enmienda para que los ayuntamientos puedan delimitar en qué zonas de sus territorios los establecimientos de conveniencia se puede vender alcohol más allá de las 22 horas.
Se trata de una enmienda que se une como disposición adicional y que no pudieron incluir en la ley de Medidas Fiscales aprobada en diciembre de 2010 tras la negativa de IU. La elección de las zonas por cada corporación local debe contar con un informe favorable de la Consejería de Economía y Hacienda.
