El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado inicialmente la revisión del Plan Parcial de Reforma Interior de la Operación Chamartín, que ordena los 3.114.336 metros cuadrados de un ámbito en el que se construirán por fases, en función del mercado, 17.000 viviendas, además de oficinas y comercios.
Según ha informado la alcaldesa, Ana Botella, en la rueda de prensa posterior a la reunión de su Gobierno, también se ha aprobado someter a información pública el texto inicial del convenio urbanístico suscrito el pasado 22 de enero para la gestión y ejecución de la operación, que sustituye al firmado en 2011.
Este nuevo acuerdo, firmado por el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, Adif Alta Velocidad, Renfe, el Canal de Isabel II, la Empresa Municipal de Transportes (EMT) y la entidad gestora Desarrollo Urbanístico Chamartín S.A., DUCH, establece el régimen de gestión y las obligaciones de cada parte.
También determina la forma en que han de desarrollarse y la imputación de los costes de las infraestructuras entre los propietarios de suelo y administraciones públicas.
Entre ellas, el proyecto y la ejecución de las obras de la nueva línea de Metro corresponderá a la Comunidad de Madrid la redacción del proyecto, pero el coste correrá a cargo de la entidad gestora Desarrollo Urbanístico Chamartín S.A. (DUCH). A su vez, el Canal de Isabel II se encargará del traslado de sus instalaciones situadas en el ámbito.
Al Ayuntamiento de Madrid le corresponderá la ejecución de las obras de construcción del Nudo Norte y del Nudo Fuencarral previstas en el Plan Parcial, aunque su pago correrá a cargo de los propietarios de suelo.
Además, el Ayuntamiento, con independencia de las cargas que le correspondan como propietario del aproximadamente el 5% del suelo, pondrá a disposición de la Empresa Municipal de Transportes unos terrenos adecuados fuera del ámbito donde ubicar las instalaciones que actualmente la empresa municipal tiene en el mismo.
"Las obras no van a ser costeadas por los madrileños, a los madrileños no les va costar porque ejecutamos las obras pero el dinero lo pone la entidad de gestión del ámbito", ha explicado Botella.
Por su parte, la delegada de Urbanismo y Vivienda, Paz González, ha indicado que el Ayuntamiento no aporta más cantidad que la parte proporcional de suelo que tiene en el ámbito, que son unos 160.000 metros cuadrados.
En cuanto al resto de participantes en la operación, las entidades públicas Adif y Adif Alta Velocidad, asumen la ejecución de la remodelación de la Estación de Chamartín, el nuevo túnel de conexión para la línea de alta velocidad Atocha-Chamartín, las estaciones de Fuencarral y la construcción de la losa de cubrimiento de vías.
Será también competencia de Adif y Adif Alta Velocidad la ordenación de las Estaciones de Chamartín, Fuencarral Sur y Fuencarral Norte, y la construcción del edificio de viajeros de la nueva Estación Multimodal de Chamartín.
Como ha explicado el Ayuntamiento, las infraestructuras que se establecen en el convenio y la distribución que de las mismas se hace entre las administraciones y los propietarios no varían respecto del anterior convenio, salvo aquellas cuestiones sobre las que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) se pronunció en su sentencia de junio de 2013.
Aquella sentencia entendía, entre otras cuestiones, que determinadas infraestructuras no debían de ser costadas por los propietarios, al tratarse de sistemas generales que dan servicio a toda la ciudad y no sólo al ámbito. Según el documento, del total de suelo del ámbito, 1.981.475 metros cuadrados serán para equipamientos e infraestructuras y 508.986 para zonas verdes.
De los 3.160.052 metros cuadrados de edificabilidad establecida, 1.773.877 serán de uso residencial para la construcción de más de 17.000 viviendas -el 10% con algún tipo de protección-, mientras el resto se destinará a usos terciarios.
Antes de su aprobación definitiva por el Pleno del Ayuntamiento, el documento pasará por un periodo de información pública de 45 días contados a partir de la publicación de su anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM), y se solicitarán 35 informes a organismos y entidades públicas y privadas.
Además, será sometido a Evaluación Ambiental Estratégica por parte de la Comunidad de Madrid, un proceso clave en esta tramitación y que se inicia con la información al público hoy aprobada.
