El exalcalde de Arganda del Rey Ginés López ha dicho hoy que la celebración de Rock in Río en el municipio fue una "oportunidad sobrevenida", tras reconocer que el terreno que acogió el festival (comprado por Arpegio, investigada en la Púnica y Gürtel) estaba destinado a construir una plataforma logística. Así lo ha señalado en su intervención en la comisión de investigación de corrupción de la Asamblea de Madrid, en la que ha explicado que en 2006 la empresa pública Arpegio firmó un convenio urbanístico con el Ayuntamiento de Arganda tras adquirir un terreno en el municipio de más de dos millones de metros cuadrados.
El objetivo era implantar una plataforma logística que, según ha comentado, no se ha desarrollado, aunque no ha descartado que pueda hacerse en un futuro.
"Se desarrollará cuando se pueda desarrollar", ha apuntado.
Ginés Jiménez -que dimitió del cargo de alcalde en marzo de 2009 tras ser imputado en el caso Gürtel- ha dicho que, tras la firma del convenio, la organización de Rock in Río se puso en contacto con el Ayuntamiento porque estaba buscando una ubicación para el festival en la región. "Iniciamos conversaciones, al Ayuntamiento le pareció una excelente oportunidad de promoción del municipio", ha declarado. "Fue una oportunidad sobrevenida", ha añadido.
A continuación, ha dicho que habló con el exconsejero de la Comunidad de Madrid Francisco Granados, que entonces era presidente de la Fundación Arpegio, vinculada a la empresa pública del mismo nombre (ya desaparecida) encargada de la gestión de suelo en la Comunidad de Madrid.
ZAFRA CRITICA QUE EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES EN DESUSO CUESTA AL CONSISTORIO MEDIO MILLÓN DE EUROS AL AÑO
El portavoz de Ciudadanos en la comisión, César Zafra, ha asegurado que la venta de la parcela fue un "negocio magnífico" para Arganda, porque en esos terrenos no sólo se celebró Rock in Río, sino que se construyó un centro de salud que contemplaba ya el convenio. Sin embargo, ha apuntado que en la actualidad el mantenimiento de las instalaciones del festival, ya en desuso, le cuestan al Ayuntamiento medio millón de euros al año. Además, ha indicado que la parcela de Arganda que adquirió Arpegio pertenecía al grupo Airina y "no se podía urbanizar ni cambiar".
El exalcalde de Arganda ha sostenido que el terreno "no se ha urbanizado ni se ha cambiado", aunque ha reconocido que en el momento de la compra tenía una calificación industrial.
Ha justificado la celebración de Rock in Río por la firma de una adenda posterior al convenio que "establecía la posibilidad de realizar el evento con la anticipación de una serie de elementos (...) que fueran compartibles con el proyecto de urbanización posterior". Con todo, ha precisado que las tres ediciones del festival que acogió Arganda -en los años 2008, 2009 y 2010- tuvieron lugar en una parte de la parcela de alrededor de 200.000 metros cuadrados.
PSOE Y PODEMOS CRITICAN LA INVERSIÓN DE ARPEGIO
El diputado del PSOE Rafael Gómez Montoya ha recordado que Arpegio pagó a Airina en 2005 algo más de 25 millones de euros por la parcela. Entonces, se fijó un plazo de siete años para desarrollar todo el terreno y, según el parlamentario, éste "sigue sin estar legalizado".
Por este motivo, el grupo ha interpuesto una demanda en los tribunales para reclamar otros 72 millones de euros.
El socialista ha criticado que la Comunidad de Madrid gastara 38 millones de euros para acondicionar la parte de la parcela en la que se celebró Rock in Río. "El convenio (entre Arpegio y el Ayuntamiento) es un lío interesado (...) creemos que el objetivo final es hacer el festival Rock in Río", ha concluido.
En la misma línea, la diputada de Podemos María Espinosa ha lamentado que once años después no se haya construido en Arganda del Rey una plataforma logística que la Comunidad de Madrid aspiraba a crear 6.000 puestos de trabajo.
LA OPOSICIÓN DENUNCIA QUE LOS COMPARECIENTES "NO HAN APORTADO NADA"
El segundo de los comparecientes, Ignacio Palacios Arazuri, exmiembro del Consejo de Administración de Nuevo Arpegio y exjefe de gabinete del exconsejero Francisco Granados, ambos imputados por el caso de corrupción Púnica, se ha negado a declarar ante la Comisión de la Asamblea alegando que su caso se haya bajo investigación judicial en estos momentos. Ignacio Palacios no contestó a ninguna pregunta acogiéndose a su derecho a no declarar y dijo que "no quiero parecer impertinente".
Los representantes del PSOE, Podemos y Ciudadanos en la comisión de investigación del Parlamento regional sobre la corrupción política en la Comunidad de Madrid denunciaron hoy que los comparecientes "no han aportado nada" respecto al asunto relativo a las actuaciones realizadas por la empresa Nuevo Arpegio en el marco del convenio urbanístico firmado con el Ayuntamiento de Arganda.
Los comparecientes, Ginés López Rodríguez, exalcalde de Arganda del Rey, e Ignacio Palacios Arazuri, exmiembro del Consejo de Administración de Nuevo Arpegio, "no han dado la cara y nos hubiese gustado que explicasen lo sucedido", dijo el diputado de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid César Zafra. "Nos hemos quedado con la duda de saber lo que paso", manifestó Zafra, quien explicó que Palacios, "acusado de ser testaferro" del exconsejero de la Comunidad de Madrid Francisco Granados, "se ha negado a declarar porque está siendo investigado en la Operación Púnica ". Afirmó que "tenemos que aceptarlo, aunque hubiese sido un buen momento para explicar las acusaciones".
Sobre López, indicó que "tampoco ha sido capaz de explicar cómo ha sido posible que Rock in Rio llegara a Arganda y cuánto dinero dejó" al Ayuntamiento de esta localidad. Asimismo, se preguntó "cómo consiguió convencer a Arpegio para que le cediese los terrenos, le montase las infraestructuras y Arganda tuviese un trato especial respecto al resto de ayuntamientos".
El diputado de Podemos Miguel Ongil dijo que "lamentablemente", con estas comparecencias, "no hemos podido concluir demasiado". Respecto al exalcalde López, dijo que "se ha ido enrocando para explicar por qué años después de un convenio que parecía que favorecía desde Arpegio a Arganda, no ha dado ningún fruto y ha endeudado a los madrileños".
Sobre la comparecencia de Palacios, que se acogió a su derecho a no declarar, recordó que "fue una persona de la máxima confianza de Granados durante 15 años, tanto en el Ayuntamiento de Valdemoro como en la Comunidad, y que aunque tenía muchas cosas que responder, no ha querido declarar". "Es lamentable que un exalto cargo haya sido incapaz de contestar sobre las cosas más sencillas", según Ongil, quien añadió que "nos ha defraudado". "Podía haber mostrado un poco más de responsabilidad y ética y contestar a los madrileños", manifestó.
Por su parte, la diputada socialista Encarnación Moya indicó que es "lógico que no quiera declarar para que sus manifestaciones no sean utilizadas en el juicio en el que está inmerso". No obstante, señaló que, aunque respeta su derecho a no declarar, refiriéndose a Palacios, "no se entiende que alguien que ha desempeñado cargos públicos y ha vivido del dinero de los madrileños, venga a la Asamblea y no quiera decir nada". Asimismo, agregó que el exalcalde de Arganda "tampoco ha aclarado nada y nos hemos quedado como estábamos".
Finalmente, el diputado del PP Alfonso Serrano apuntó que, a pesar de las críticas de la oposición, "nos parece poco operativo y útil para la comisión de investigación tratar temas judicializados". Tras señalar que ambos, imputados uno por el caso Gürtel y el otro por la Púnica , "tienen su derecho a no hablar y ya dirimirán sus responsabilidades ante un juez", afirmó que "me ha parecido mucho más grave que se cuestione la ética por no declarar y que se lancen veladas amenazas de llamar a la mujer Palacios", también imputada, para que comparezca ante la comisión de investigación. "Esto de tratar de coaccionar a un compareciente se parece a la camorra italiana", denunció Serrano, quien destacó que "hemos estado hablando de un convenio de 2005".
