Activistas de la Plataforma Antidesahucios (PAH) e inquilinos de viviendas sociales del antiguo Ivima han finalizado, hacia las 19.15, un encierro de casi seis horas en la sede de Goldman Sachs en Madrid para protestar por los desahucios de más de 25 familias hasta fin de año.
Coreando "Sí se puede", el abogado de la PAH, Manuel San Pastor, y una veintena de activistas abandonaron el edificio tras "arrancar" de Encasa Cibeles un comunicado diciendo que "el hecho de que haya una fecha de lanzamiento fijada por el juzgado no significa que ese lanzamiento se lleve a cabo".
En el comunicado, la gestora asegura que "la prioridad son los casos de vulnerabilidad social, para lo que Encasa Cibeles tiene una proactiva política de mediación social".
UNOS CIEN ENCERRADOS
El encierro empezó pasadas las 11.30, cuando unas cien personas entraron en la sede del fondo de inversión en la calle María de Molina, la mayoría inquilinos de pisos vendidos al fondo y cuyos alquileres han cambiado para estas familias de bajos ingresos que ya no pueden hacer frente al pago y están siendo desalojadas.
La protesta ha ido menguando a lo largo de la tarde, porque la Policía impedía volver a entrar a quienes salen a la calle y los encerrados tampoco podían ir al lavabo.
"Estas viviendas se construyeron en suelo público, cedido gratuitamente por los Ayuntamientos para construir pisos protegidos, y ahora pertenecen a empresas con ánimo de lucro que no respetan su carácter social", según el abogado de la PAH.
Los manifestantes permanecieron en el vestíbulo del edificio coreando cánticos como "Ni un desahucio más", "No hay pan para tanto chorizo", y otros como "Goldman Sachs nos quiere desahuciar", "Sí se puede", "El pueblo unido jamás será vencido" y "Un desalojo, otra okupación".
Han leído un manifiesto acusando a Goldman de "desahuciar familias con la complicidad de los gobiernos central y autonómico", y piden un compromiso por escrito de "paralización de todos los procedimientos judiciales y desahucios de Encasa Cibeles en toda la región".
Casi 3.000 viviendas de 32 promociones del Ivima fueron "vendidas por el Gobierno de Ignacio González en 2013 a este y otros fondos de inversión", explica el manifiesto.
El texto denuncia "la complicidad del Gobierno de Cristina Cifuentes con estos desalojos", tras una compraventa que está siendo investigada en una querella penal "sin que el ejecutivo actual haya anunciado medida alguna para revertir la venta o al menos decretar una moratoria de desahucios de Encasa Cibeles y los fondos Blackstone, Azora y Lazora".
También acusan de "complicidad" al gobierno de Mariano Rajoy, que ha creado "la figura de las Socimi, por las que la inversión en el mercado de alquiler por parte de estos fondos se ve sujeta a beneficios fiscales", continúan. Además, "el gobierno central está obstaculizando la investigación penal", porque Hacienda "lleva 10 meses para designar dos peritos que certifiquen si la venta al entramado de Goldman Sachs se hizo por debajo de su precio y supuso una pérdida patrimonial para el Ivima y la Comunidad".
"DEJAMOS DE PAGAR PORQUE NO TENÍAMOS NI PARA COMER"
Uno de los afectados es Iván, padre de una familia con cuatro menores -dos hijos y dos sobrinos en acogida- que tiene el desahucio marcado para el 17 de noviembre. "Antes pagaba 90 euros de alquiler, con la subvención de la Comunidad. Pero cuando la casa fue vendida a Encasa Cibeles, desapareció la subvención, y nos pidieron 470 de alquiler", ha dicho a Efe, "dejamos de pagar porque solo cobramos la Renta Mínima de Inserción (RMI) y no teníamos para comer".
Otro afectado es Rabii, casado con una española embarazada del tercer hijo, y a la que hace seis años le tocó un piso del Ivima de 56 metros y dos dormitorios con garaje, en alquiler con opción a compra por siete años.Pagaba un alquiler de 350 euros, fijado según la renta familiar de entonces, más gastos de comunidad y garaje de 90 euros. "Llevo dos años en paro, ya no cobro ningún subsidio y dejé de pagar. He pedido a Encasa Cibeles un alquiler social, de 100 o 200 euros, pero no lo aceptan", ha dicho a Efe.
También hay familias okupas que buscan la regularización, según Alí, un marroquí nacionalizado. "Gente de Encasa Cibeles han venido muchas veces al piso, también mediadores que nos ofrecen 3.000 euros para que nos vayamos. No queremos dinero, queremos un alquiler social. Podríamos pagar luz y agua, pero no tenemos contrato, llevamos dos años sin agua", dijo.
