Afectados de la L7B del Metro piden despejar la situación urbanística de los solares de sus casas
Tras la demolición de los edificios siguen pagando el IBI de unos terrenos que no se pueden usar
La Comunidad alega que el Ayuntamiento debe modificar su planeamiento con carácter previo
La Asociación de Afectados Rafael Alberti Presa de San Fernando de Henares por la Línea 7B de Metro ha reclamado este viernes a la Comunidad de Madrid "transparencia" y "soluciones" sobre la modificación urbanística de suelo tras años de espera y ante una situación que consideran "insostenible".
Unas demandas que han reiterado tras haber solicitado en varias ocasiones una reunión y "diálogo" con la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior.
En una respuesta recibida este mismo viernes a estas peticiones, según la asociación, desde el departamento que dirige Carlos Novillo se les traslada que "la situación jurídica del suelo de los edificios afectados implica el planeamiento urbanístico municipal" y que, a la espera de que el Ayuntamiento defina una propuesta de modificación, no pueden avanzar en la resolución del problema.
En este sentido, desde la Asociación de Afectados Rafael Alberti Presa han criticado que se hable de "falta de coordinación entre administraciones" para justificar que se mantenga "bloqueada" una solución que para ellos es "urgente y necesaria".
Asimismo, han censurado que no se haya tenido "la deferencia" de recibirles y escuchar directamente sus propuestas y han recalcado que los afectados siguen pagando el IBI de unos terrenos de los que son titulares pero que no pueden utilizar.
"Esta situación es insostenible y que exige compromiso real y respuestas claras por parte de las administraciones implicadas", ha apuntado la asociación en un comunicado.
En este marco, ha anunciado que en los próximos días solicitarán una reunión con el alcalde de la localidad, Javier Corpa (PSOE), para conocer si efectivamente el Ayuntamiento ha recibido las propuestas a las que alude la Consejería, se aclare por qué se está retrasando la modificación urbanística mencionada y determinar de forma transparente quién es el responsable del "bloqueo"
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