El expresidente del Gobierno español Felipe González dejó Venezuela sin poder visitar a opositores presos y acudir a sus juicios y dejando atrás críticas a Colombia del presidente venezolano, Nicolás Maduro, por haberle prestado un avión de su Fuerza Aérea para salir del país.
Maduro anunció que Venezuela convocó al embajador colombiano en Caracas, Ricardo Lozano, para pedirle "explicaciones suficientes" por el viaje de González a Bogotá en un avión adscrito a la Presidencia de Colombia.
"Lamentablemente fui sorprendido con la información de que un avión de la Fuerza Aérea colombiana asignado a la Presidencia de la República de Colombia vino a llevárselo del país. La canciller, Delcy Rodríguez, ha citado al embajador de Colombia aquí en Caracas para pedir explicaciones", dijo Maduro.
El presidente agregó que esperaba "explicaciones claras" del Gobierno colombiano "sobre esto de prestarle el avión presidencial de Colombia a un señor que vino a desconocer las instituciones venezolanas, a apoyar a grupos extremistas" que, a su juicio, han querido "derrocarlo".
Maduro reiteró así su rechazo a la visita a Venezuela del ex dirigente socialista español, quien el domingo pasado con el objetivo de respaldar a los opositores presos y servir de asesor a la defensa de algunos de ellos, lo que no pudo lograr.
González partió de Venezuela al no obtener el permiso para visitar a los opositores presos Daniel Ceballos y Leopoldo López, así como tampoco la autorización para presenciar tanto sus juicios como la audiencia preliminar del alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma.
El político español había pedido una autorización para visitar a López, líder del partido Voluntad Popular en la cárcel militar de Ramo Verde, cercana a Caracas, y también para ver al exalcalde Ceballos, recluido en una prisión de presos comunes en el estado Guárico, a unos 150 kilómetros de Caracas.
Sin embargo, el expresidente del Gobierno español se marchó sin recibir la respuesta de los organismos del Estado sobre estas solicitudes. "Se han presentado todos los documentos para que las autoridades permitiesen que fuera al juicio y que pudiese ingresar en las cárceles, pero no se ha obtenido respuesta oficial por escrito", informó a Efe el abogado de López, Juan Carlos Gutiérrez.
El letrado consideró "correcta" la postura de González "de mantener una línea de respeto institucional a las autoridades de Venezuela", al tiempo que aclaró que el exdirigente español no descarta regresar al país caribeño cuando las autoridades venezolanas le permitan visitar a los presos y asistir a los juicios.
En cualquier caso, la audiencia preliminar de Ledezma para decidir si el alcalde metropolitano de Caracas debe ser juzgado por un delito de conspiración contra el Gobierno, prevista para hoy, fue suspendida por "razones operativas", de acuerdo con su abogado, Omar Estacio.
Desde el Parlamento venezolano también surgieron críticas contra González no solo por su visita sino también por la forma en la que abandonó el país. "El señor Felipe González tuvo que llamar a un amigo y salir por la puerta de atrás de manera vergonzosa", dijo la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) Tania Díaz, que le acusó de "atentar contra las instituciones públicas" de Venezuela.
El defensor del pueblo de Venezuela, Tarek William Saab, también criticó a González por considerar que hizo "proselitismo político partidista" en Caracas como un ciudadano venezolano, cuando, subrayó, "él es un ciudadano de nacionalidad colomboespañola".
"El ciudadano Felipe González pretende aparecer en este momento en la escena venezolana con un perfil de mediador, de facilitador de la paz, cuando en primer lugar debemos decir que él no ha sido invitado por el Estado venezolano para tener esa cualidad", dijo.
Saab aseguró que González "es una pieza menor en todo este entramado" que, dijo, "se traen varios expresidentes" para defender a los que ellos denominan "presos políticos", como López y su compañero de partido Ceballos.
López y Ceballos están encarcelados desde principios de 2014, acusados por su presunta relación con hechos de violencia durante las protestas antigubernamentales de principio de ese año y que dejaron 43 muertos entre seguidores oficialistas, opositores y ciudadanos sin adscripción política aparente.
Los dos políticos se mantienen desde hace más de dos semanas en una huelga de hambre reclamando al Ejecutivo venezolano una serie de petitorios entre los que se cuentan la liberación de los opositores presos y la fijación de una fecha para las elecciones parlamentarias que deben celebrarse este año.
