El Senado brasileño destituyó hoy a la presidenta, Dilma Rousseff, por 61 votos a favor y 20 en contra, en una decisión que también confirma como presidente de Brasil a Michel Temer, quien seguirá en el poder hasta el 1 de enero de 2019.
La decisión supone el fin de un trámite que comenzó en diciembre pasado en el Parlamento y fue supervisado en cada uno de sus pasos por la Corte Suprema, como garante constitucional de un juicio que Rousseff, condenada por graves irregularidades fiscales, califica de "golpe".
El pleno del Senado empezó a cantar el himno nacional en el momento en que se anunció la decisión, pero fue interrumpido por una nueva votación, en la que se decidirá sobre una pena adicional, que sería la suspensión de sus derechos políticos durante ocho años.
Rousseff ha sido encontrada culpable de alterar los presupuestos mediante tres decretos no autorizados por el Parlamento y de contratar créditos a favor del Gobierno con la banca pública, lo cual ha negado durante todo el proceso, que califica de "golpe".
De "ruptura constitucional" y "golpe" hablaron hoy los senadores que hicieron la última defensa de la mandataria, que llegaron a tildar de "canallas" a aquellos senadores que apoyaban la destitución.
"Esto es una farsa, farsa, farsa. Es un proceso basado sólo en pretextos que será juzgado por la historia", afirmó el senador del Partido de los Trabajadores (PT), Lindbergh Farías.
Replicó el senador Ronaldo Caiado, del derechista partido Demócratas (DEM), quien afirmó que "canallas son los que se enriquecieron ilícitamente, canallas son aquellos que quebraron Petrobras, canallas son aquellos que dejan a Brasil en una situación crítica".
La destitución de Rousseff confirma en el poder a Michel Temer, quien completará el mandato que vence el 1 de enero de 2019, para el que Rousseff había sido reelegida en octubre de 2014.
ROUSSEFF MANTIENE SUS DERECHOS POLÍTICOS
Pese a ello el Senado de Brasil decidió hoy mantener los derechos políticos a Dilma Rousseff, minutos después de haberla destituido de la jefatura del Estado en un juicio político.
En la votación, 42 senadores se inclinaron por inhabilitar a Rousseff, 36 votaron a favor de mantenerle los derechos y tres se abstuvieron, por lo que no se alcanzó los dos tercios (54 votos) de la Cámara Alta necesarios para aprobar este tipo de mociones.
Si hubiera perdido los derechos políticos, no podría ocupar ningún cargo público durante ocho años, lo que incluye tanto puestos electivos como cualquier trabajo en empresas públicas.
Antes de la votación, el presidente del Tribunal Supremo, Ricardo Lewandowski, advirtió que si Rousseff fuera inhabilitada, no podría ni siquiera ser profesora o trabajar "en un merendero en una escuela pública".
La votación de la destitución y de la inhabilitación de Rousseff se realizó por separado a petición de última hora del Partido de los Trabajadores (PT), formación de la ahora exmandataria, que fue aceptada por el presidente de la Corte Suprema, que presidió el juicio político como garante constitucional.
La decisión del presidente del Supremo causó una polémica entre los senadores. Entre ellos, el expresidente Fernando Collor de Mello se quejó de que se le haya dispensado un trato diferente a Rousseff del que él recibió en 1992, cuando renunció a la jefatura del Estado horas antes de ser destituido en un juicio político similar.
El Senado halló culpable a Rousseff de haber incumplido la ley de responsabilidad fiscal, por haber emitido tres decretos que alteraron los presupuestos sin autorización del Congreso y porque el Gobierno tomó créditos de la banca pública, lo que está prohibido por ley.
