El Gobierno francés está cumpliendo a rajatabla las órdenes del presidente, Nicolas Sarkozy, de desmantelar los campamentos ilegales de gitanos y, pese a las crecientes críticas desde dentro y fuera de Francia, comienza a deportarlos a partir de este mismo jueves.
Un primer avión con 79 gitanos a bordo partirá mañana con destino a Rumanía, al que seguirán otros dos, -el próximo día 26 y "a finales de septiembre"-, hasta cumplir el cupo de, por lo menos, 700 personas deportadas, tal y como anunció el ministro del Interior, Brice Hortefeux.
Es él quien dirige la ofensiva contra el colectivo "romaní", como se llama en Francia a los gitanos de Europa del Este, que el pasado 28 de julio lanzó el propio Sarkozy cuando anunció el desmantelamiento de la mitad de los campamentos ilegales de gitanos contabilizados en el país en un plazo de tres meses.
No ha pasado ni un mes y ya se han desalojado más de 50 instalaciones de este tipo, con sus respectivos integrantes.
Ahora llega el momento de la deportación o el "retorno voluntario", como precisa el ministro de Inmigración Eric Besson, en declaraciones recogidas hoy por el diario "Le Parisien", en las que subraya que no puede hablarse de expulsiones.
El periódico cita una fuente oficial, según la cual "hay regularmente vuelos como estos", con extranjeros que se inscriben en el programa de ayudas al retorno.
Según el Gobierno, son deportaciones "voluntarias" de inmigrantes que aceptan irse, a cambio de un billete de avión y 300 euros por adulto ó 100 euros por niño, y que, en muchos casos, acaban volviendo a Francia.
Lo que no van a poder hacer a partir de septiembre es falsear su identidad para percibir dos veces esas ayudas porque el Gobierno ha decidido reforzar el control del fichero que ha creado para registrar a los beneficiaros e incluir en el mismo, además de los datos personales, sus huellas dactilares.
Solo en el año 2009, según las cifras facilitadas por las autoridades francesas, unos 10.000 rumanos y búlgaros se acogieron a esas ayudas y regresaron a sus países.
"Francia no la está tomando con los gitanos", como dijo el ministro Besson, pero sí parece haberla tomado con la inmigración irregular, a juzgar por el goteo de medidas que en los últimos días se han anunciado para combatir ese fenómeno.
Además de deportar a los gitanos, se han planteado otras iniciativas polémicas como la retirada de la nacionalidad francesa a los delincuentes de origen extranjero que hayan atentado contra una autoridad pública, la condena de los padres de jóvenes que hayan cometido delitos o la imposición de multas a los alcaldes que no cumplan en materia de seguridad.
Son propuestas que han suscitado una oleada de críticas, no solo entre la sociedad civil o los partidos de izquierda, que hablan de "racismo" y "xenofobia", sino también entre las filas de la mayoría de derechas y, cada vez más, en el exterior.
A las voces de alarma se ha sumado también el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU al denunciar a Francia por vincular inmigración con inseguridad, y hoy mismo los Gobiernos de Rumanía y Bulgaria han dejado patente su malestar por la política de Francia con respecto a sus nacionales.
Aunque ambos son estados miembros de la Unión Europea (UE) desde 2007, algunos de sus vecinos aplicaron una moratoria para alcanzar la plena libertad de circulación de sus ciudadanos por el espacio común que, en el caso de Francia, está vigente hasta finales de 2011.
Hasta entonces, rumanos y búlgaros tienen derecho a la libre circulación en territorio francés como cualquier otro ciudadano europeo pero no pueden quedarse más de tres meses si no disponen de una tarjeta de residencia que, a su vez, solo se consigue con un permiso de trabajo.
Por ello, algunos dirigentes políticos como el ex primer ministro galo y miembro del partido de Sarkozy, Alain Juppé, o el líder de los Verdes en el Parlamento Europeo, Daniel Cohn-Bendit, plantean la búsqueda de soluciones a nivel europeo.
