La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, denunció este lunes la expulsión de gitanos en Francia, la matanza de emigrantes en México y algunas leyes contra el terrorismo en EEUU como situaciones de especial preocupación en materia de derechos humanos.
"Señalo las nuevas políticas de Francia hacia los gitanos, incluido el desmantelamiento de sus asentamientos y las deportaciones colectivas hacia su país de origen. Esto sólo puede exacerbar el estigma de los romanís y la extrema pobreza en que viven", dijo Pillay al inaugurar hoy la decimoquinta sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
También destacó como preocupante "la situación de los emigrantes que salen de México o transitan por México", a la luz de la matanza de 72 de ellos aparentemente por el crimen organizado.
Y un tercer motivo de preocupación que destacó Pillay fue la práctica de EEUU de autorizar "asesinatos selectivos de sospechosos de terrorismo en circunstancias que desafían las normas internacionales establecidas para proteger el derecho a la vida y el imperio de la ley".
FRANCIA SE DEFIENDE ANTE LA ONU
Francia se defendió hoy ante la ONU de las críticas por su trato a los gitanos de Rumanía y Bulgaria y, en concreto, por las expulsiones masivas, y aseguró que las medidas adoptadas "se inscriben estrictamente en el respeto a las leyes francesas y de la legislación europea"."Las autoridades francesas nunca han estigmatizado a personas pertenecientes a una minoría en función de su origen. No hay un 'problema romaní', sino unos ciudadanos europeos más desfavorecidos que otros, que tienen dificultades de inserción y que merecen una atención particular", afirmó el embajador francés ante la ONU en Ginebra, Jean-Baptiste Mattéi.
El diplomático respondía así a la precedente intervención ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU de la alta comisionada, Navi Pillay, quien dijo que la actual política de Francia hacia los gitanos, incluidos el desmantelamiento de sus asentamientos y las deportaciones colectivas, "sólo puede exacerbar el estigma de los romanís y la extrema pobreza en que viven".
El embajador galo aseguró que "las medidas que se adoptaron se inscriben estrictamente en el respecto a las leyes de la República Francesa y de la legislación europea"."Las instalaciones que fueron desmanteladas eran ilegales y su desmantelamiento se hizo sobre la base de decisiones adoptadas con total independencia por el poder judicial", insistió.
