La comisión independiente que investiga la violación de los derechos humanos en Siria instó hoy a la ONU a actuar frente a las graves violaciones de los derechos humanos cometidas por el Gobierno y las fuerzas armadas de oposición.
En su último informe, la comisión que preside el brasileño Sergio Paulo Pinheiro recomienda al Consejo de Derechos Humanos de la ONU que transmita sus conclusiones al secretario general, Ban Ki-moon, para su toma en consideración por el Consejo de Seguridad.
Llevar las conclusiones de este informe al Consejo de Seguridad de la ONU "permitiría actuar de manera apropiada, a la vista de la gravedad de las violaciones, abusos y crímenes perpetrados por fuerzas del Gobierno y la (milicia) Shabiha, y por los grupos antigubernamentales", indica la comisión en sus recomendaciones.
El objetivo de la comisión es llevar ante la Justicia a quienes han cometido crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad desde que comenzó el conflicto sirio en marzo de 2011.
Para ello, ha elaborado una lista confidencial con nombres de individuos y unidades militares "a los que se considera responsables de crímenes contra la humanidad, violaciones del derecho humano internacional y graves violaciones de los derechos humanos".
La lista será entregada a la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, al término del mandato actual de la comisión en septiembre, mes en el que este grupo de expertos independientes presentará su trabajo al Consejo de Derechos Humanos.
"Ya sean miembros de las fuerzas del Gobierno y de los grupos antigubernamentales quienes cometieron de manera intencionada los crímenes identificados en este informe, son responsables. También lo son quienes ordenaron, planificaron, instigaron, incitaron, ayudaron o permitieron la comisión de estos crímenes", afirma el informe.
"Las fuerzas gubernamentales y los miembros de la Shabiha han cometido crímenes contra la humanidad -asesinatos y torturas-, crímenes de guerra y graves violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional, incluidos asesinatos fuera de la ley, ataques indiscriminados contra civiles y actos de violencia sexual", dice el documento de la comisión que preside Pinheiro.
Estas violaciones, según esta pesquisa, se cometieron en el marco de una política de Estado "con implicación de los más altos niveles de las fuerzas armadas y de seguridad, y del Gobierno" de Damasco.
También las fuerzas armadas de oposición son acusadas en el documento de "crímenes de guerra, incluidos asesinato, ejecuciones extrajudiciales y tortura", aunque la comisión indica que "estas violaciones y abusos no tuvieron la misma gravedad, frecuencia y escala" que los cometidos por el Gobierno y la Shabiha.
La comisión asegura haber recibido "pruebas consistentes de que miembros de alto y medio nivel de las fuerzas del Gobierno estuvieron implicados directamente en actos ilegales".
Se citan en este sentido los testimonios de desertores que aseguraron que los mandos ordenaban a sus hombres disparar contra civiles, y maltratar y torturar a los detenidos.
"Las órdenes se aplican a menudo a punta de pistola, y quien duda a la hora de obedecer arriesga ser detenido o ejecutado de manera sumaria", indica el informe, que considera también probado que el Gobierno y sus milicias paramilitares cometieron la matanza de Hula en mayo, en la que fueron asesinados más de 100 civiles.
La comisión acusa "al liderazgo de los grupos armados antigubernamentales" de estar también "implicado en crímenes de guerra y abusos de los derechos humanos", incluida la violencia sexual y la violencia contra menores.
"Los mandos de las unidades locales ordenan la ejecución de miembros de las fuerzas gubernamentales y de la Shabiha capturados o los asesinan ellos mismos", se lee en el informe de 102 páginas.
Sobre la situación del conflicto armado, la comisión destaca que desde el mes de febrero la situación ha empeorado de manera significativa con nuevos focos de enfrentamientos, tácticas más agresivas y medios militares más poderosos en ambas partes.
El informe llama la atención sobre el deterioro de la situación socioeconómica y humanitaria -"lo deja a la mayoría de la población en un estado de abandono"- y critica las sanciones internacionales contra el régimen de Bachar al Asad, que considera "una negación de los derechos humanos más básicos del pueblo sirio".
Alerta asimismo sobre el impacto de "un conflicto armado no internacional" -término legal para definir una situación de guerra civil- y denuncia que "la población civil de todas las comunidades soporta el peso, con miles de personas que han perdido la vida".
"La creciente militarización del conflicto es desastrosa para el pueblo sirio y podría provocar consecuencias trágicas para la región entera", añade la comisión, que vuelve a hacer un llamamiento a la comunidad internacional para que muestre unidad de acción en la búsqueda de una salida negociada y política al conflicto.
