El Gobierno francés presentó hoy su reforma para flexibilizar el mercado laboral que aprobará por decreto en menos de un mes, una de las claves del programa del presidente del país, Emmanuel Macron, con el objetivo de atraer inversores y reducir el paro.
El primer ministro francés, Edouard Philippe, y la titular de Trabajo, Muriel Pénicaud, fueron los encargados de detallar algunas de las 36 medidas con las que se pretende, entre otras cosas, clarificar y simplificar las reglas laborales para los inversores, de forma que las empresas puedan ajustarse más rápido a los vaivenes coyunturales.
Macron, quien subrayó el carácter "ambicioso" y "eficaz" de la reforma para "bajar el paro masivo", que ronda el 10%, reconoció que tardará de 18 a 24 meses en dar resultados.
A su juicio, el problema del sistema actual es que "protege muy bien" a quienes tienen "un contrato estable, a costa de la exclusión completa de los demás", los jóvenes y poco cualificados.
Frente a las reticencias de los que acusan al Ejecutivo de debilitar los derechos de los trabajadores -el sindicato CGT ha convocado una huelga el 12 de septiembre y la izquierda radical una manifestación el 23- el primer ministro aseguró que "Francia es un Estado de derecho social y lo seguirá siendo".
"Nuestro objetivo es hacer más claras y más seguras las reglas que se aplican", así como ofrecer "simplicidad" a los inversores que se quejan de "las incertidumbres" del derecho laboral francés, señaló al precisar los cinco decretos que el Consejo de Ministros adoptará el 22 de septiembre para su entrada en vigor a finales de mes. Aunque admitió que la actual legislación laboral "no es la primera causa del paro en Francia", apuntó que en la práctica "no protege eficazmente" a los asalariados y no favorece la contratación porque para los empresarios es "un freno" por su incertidumbre.
Pénicaud, además de insistir en la "concertación" con sindicatos y patronal este verano, destacó "medidas operativas" como la que permitirá que las empresas busquen un acuerdo mayoritario con sus trabajadores, al margen de los convenios sectoriales, para ajustarse a una evolución al alza o a la baja de su negocio. Eso permitirá modificar -con el visto bueno de una mayoría de los representantes del personal- el tiempo de trabajo, algunos aspectos de la remuneración (como las primas) o la movilidad.
En el caso de las pymes de menos de cincuenta asalariados, se podrán negociar esos asuntos con los representantes de los trabajadores incluso si éstos no están sindicados y, para las de menos de 20 donde no existen esos delegados, los empresarios podrán organizar un referéndum entre la plantilla.
Otro de los puntos más polémicos es el establecimiento de un baremo de indemnizaciones en caso de despido improcedente al que se tendrán que ajustar los dictámenes de Magistratura de Trabajo, para terminar con las enormes diferencias actuales. En la práctica, esas indemnizaciones serán como máximo de un mes de salario, hasta un año de antigüedad, y un mes más por cada año adicional hasta diez. A partir de ahí, el incremento será de medio mes de salario por cada año, con un tope de veinte meses.
En compensación, ante las críticas de los sindicatos por ese punto, el Ejecutivo accedió a incrementar en un 25 % las indemnizaciones legales por despido (cuando no se considera improcedente) a un cuarto de mes de sueldo por año trabajado.
Las multinacionales podrán recurrir al despido colectivo por razones económicas en su filial francesa, aunque a escala global la firma tenga una buena situación financiera.
La reforma satisface globalmente a la patronal Medef, cuyo presidente, Pierre Gattaz, apenas lamentó el aumento de las indemnizaciones por despido.
Entre las centrales sindicales, la Confederación General del Trabajo (CGT) fue la única de las grandes que se mostró abiertamente beligerante.
Su secretario general, Philippe Martínez, dijo que es "el fin del contrato de trabajo" porque los acuerdos dentro de cada empresa implicarán que "o aceptas las condiciones o estás despedido".
