Francia se prepara para un nuevo pulso entre el Gobierno y gran parte de los sindicatos por la reforma laboral que tramita el Ejecutivo socialista, un polémico texto que se enfrentará esta semana a otra oleada de huelgas y bloqueos en los sectores de los transportes públicos y de la energía.
"Retirar el texto sería malo para los asalariados. Mi puerta está siempre abierta, siempre estoy dispuesto a hablar" pero "considero que es mi responsabilidad ir hasta el final", declaró el primer ministro, Manuel Valls, en una entrevista publicada este sábado en Le Parisien, antes de reunirse con representantes del sector petrolero.
Tras ese encuentro, el Ejecutivo diagnosticó una mejoría en la persistente crisis de abastecimiento de combustible y garantizó el suministro de petróleo, después de una semana con largas esperas en las gasolineras de todo el país ante la escasez provocada por el bloqueo de depósitos y refinerías por huelguistas.
Esa reunión supuso también un nuevo gesto de firmeza del Gobierno, que ha cerrado filas en torno al proyecto de ley y promete aguantar el desafío sindical durante el mes que queda para su ratificación definitiva en la Asamblea Nacional.
"Mantengo mi posición porque pienso que es una buena reforma y que debemos avanzar hacia su adopción", declaró el pasado viernes desde Japón, al margen de una reunión del G7, el presidente de Francia, François Hollande, sobre una reforma que apoya la patronal francesa e instituciones como el Fondo Monetario Internacional (FMI), pero que rechaza el ala más a la izquierda del Partido Socialista (PS).
Entre los puntos más polémicos de la llamada "ley El Khomri", por el apellido de la ministra de Trabajo, Myriam El Khomri, como un techo orientativo a las indemnizaciones por cese o las condiciones para justificar un despido económico, destaca el artículo que privilegia los acuerdos entre empresarios y trabajadores frente a los convenios colectivos.
El estallido social, que se prolonga desde el pasado enero y se ha recrudecido en las últimas semanas, le ha pasado factura a sus principales actores.
La popularidad de Valls se sitúa en el 24 %, su nivel más bajo desde que tomó las riendas del Gobierno en marzo de 2014 tras una sangría de 15 puntos de aprobación desde el pasado enero y 6 sólo en el mes de abril.
Pero también se sufre la imagen de Philippe Martinez, el líder de la Confederación General de Trabajadores (CGT), primer sindicato de Francia por afiliados y la más aguerrida de las siete organizaciones que se oponen a la reforma.
La popularidad de Martinez, sindicalista parisino de padres cántabros que ha puesto contra las cuerdas a Valls, nacido en Barcelona, también se resiente en la opinión pública: el 67 % de los franceses tiene una opinión negativa de él, el 63 % de la CGT y el 58 % no confía en la dura estrategia de contestación adoptada por la CGT.
En la estrategia de la CGT subyace también una lucha de poder entre las centrales sindicales, después de que ese histórico sindicato haya visto como el reformista CFDT, que acepta la reforma laboral con algunas modificaciones, le va ganando terreno entre los afiliados.
Con todo, la reforma -que no estaba en el programa electoral que llevó a Hollande al Palacio del Elíseo- no agrada a gran parte de la población francesa, tradicionalmente contestataria contra los recortes sociales.
Hasta ahora, las encuestas arrojaban que el 70 % de los ciudadanos se oponían a la reforma, pero esa cifra ha caído al 46 %, según un sondeo publicado por el periódico "Journal du Dimache" hoy, antes de que arranque una semana con convocatorias de huelga -algunas indefinidas- el próximo martes en los trenes, el metro de París y la aviación civil.
A dos semanas de que empiece la Eurocopa de Francia, las protestas serán el preludio de una nueva jornada de movilización general en las calles programada para el 14 de junio, cuando el país esté sumergido en el interés mediático internacional del torneo de fútbol.
El termómetro para medir el desgaste de Gobierno y sindicatos llegada esa jornada será la afluencia de manifestantes en todo el país a las protestas del pasado jueves (300.000 según la CGT y 153.000 según el Gobierno).
Mientras tanto, el 66 % de los franceses teme que la protesta desemboque en una paralización total del país como en 1995, cuando se intentaba frenar la reforma de la Seguridad Social y el entonces Gobierno conservador terminó edulcorando su propuesta.
