España continúa clamando justicia por la masacre de seis sacerdotes jesuitas, cinco de ellos de nacionalidad española, que fueron asesinados hace 24 años durante el conflicto armado en El Salvador (1980-1992).
"Hacemos una llamada a las autoridades judiciales salvadoreñas y sobre todo al Estado salvadoreño para que se haga justicia y para que no quede impune un asesinato tan horrible, que no fue solamente de cinco jesuitas españoles; había un sexto jesuita salvadoreño, una mujer y su hija de 15 años también asesinada", dijo a Efe el embajador de España en este país, Francisco Rabena.
24 ANIVERSARIO
Este 16 de noviembre se conmemoran 24 años desde que miembros del Ejército salvadoreño ingresaron de forma violenta a las instalaciones de la jesuita Universidad Centroamericana (UCA), donde mataron a los sacerdotes españoles Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Armando López, Ignacio Martín Baró y Juan Ramón Moreno.
Además, asesinaron al jesuita salvadoreño Joaquín López y a dos empleadas domésticas salvadoreñas que trabajaban con los religiosos, Elba Julia Ramos y su hija Celina.
Cada año cientos de estudiantes y feligreses se reúnen en el recinto universitario para rendir tributo a los "mártires de la UCA" con diferentes actos culturales y religiosos y, sobre todo, pedir justicia para ellos, que lucharon por el cese del conflicto armado y contra las injusticias en El Salvador.
Es "lamentable que no habido resultados" en todos las intentos que se han hecho, tanto por parte de la justicia española como de organismos independientes, para esclarecer esa masacre perpetrada el 16 de noviembre de 1989, indicó Rabena.
En 2011, el juez de la Audiencia Nacional española Eloy Velasco pidió la extradición de 15 de los 20 militares salvadoreños implicados en la masacre tras admitir en 2009 una querella presentada por la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE), respaldada por el Centro de Justicia y Responsabilidad (CJA) de EEUU.
PIDEN JUSTICIA
Sin embargo, el 8 de mayo de 2012 la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador denegó la extradición a España de 13 de los 15 militares incluidos en la petición de Velasco; los otros dos viven en Estados Unidos.
También, la UCA y familiares de las víctimas pidieron a la justicia de El Salvador esclarecer la masacre, pero no tuvieron éxito y acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La CIDH recomendó en 1999 al Estado salvadoreño "realizar una investigación completa, imparcial y efectiva, de forma expedita conforme a estándares internacionales a fin de identificar, juzgar y sancionar a todos los autores materiales e intelectuales de las violaciones encontradas, sin perjuicio de la amnistía decretada" en 1993 por el Parlamento.
El Estado y la Fiscalía salvadoreña "saben que ahí está la petición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que tienen que responder", dijo el actual rector de la UCA, Andreu Oliva.
Destacó que la impunidad tras el fin del conflicto armado "sigue igual" en el país, no sólo en el caso de los jesuitas, sino en todas las violaciones de derechos humanos que se cometieron durante la guerra civil salvadoreña.
