El Consejo de Estado de Francia, la máxima instancia administrativa del país, suspendió hoy el veto al burkini en la localidad francesa de Villeneuve Loubet, una decisión que sienta jurisprudencia y podría afectar a la treintena de municipios con decretos similares.
La polémica surgió en Francia a principios de agosto, cuando Cannes fue el primer ayuntamiento en prohibir ese bañador islámico que cubre completamente el cuerpo de la mujer y que sus detractores ven como una provocación al laicismo, las normas de higiene y seguridad.
Casi la totalidad de municipios de la Costa Azul, junto a otros en el norte del país, se sumaron después a esa prohibición, que en algunos casos fue recurrida por organizaciones como la Liga de Derechos Humanos (LDH) o el Colectivo contra la Islamofobia.
Fue el caso de Villeneuve Loubet, una decisión respaldada en un primer momento por el Tribunal Administrativo de Niza, pero que hoy fue rechazada por el Consejo de Estado de Francia.
Su dictamen establece que una medida de ese tipo solo puede justificarse cuando quede demostrada la amenaza contra el orden público, lo que no es el caso.
Para el Consejo de Estado, ese decreto de Villeneuve Loubet contra el burkini era "una afrenta grave y manifiestamente ilegal contra las libertades fundamentales", que no tiene fundamento y que, por tanto, fue anulada. "Esperamos que sea el final de una polémica, una polémica esencialmente política", indicó hoy a la salida de la audiencia el abogado de la LDH, Patrice Spinosi.
El Consejo no extiende su fallo al resto del país, pero este es importante porque podría aplicarse cada vez que haya nuevos recursos contra esas prohibiciones, que no mencionan concretamente el bañador islámico pero sí toda prenda que "no respete las buenas costumbres y el laicismo, las reglas de higiene y de seguridad".
PUERTA ABIERTA PARA LOS VETOS LOCALES
Las alcaldías donde ya está en marcha el veto al burkini podrían ahora suprimirlo por iniciativa propia, para evitar la previsible oleada de demandas por parte de organizaciones humanitarias, pero la alerta del Consejo de Estado sobre los riesgos contra el orden público dejan la puerta abierta a que algunas no se lo planteen.
"Si la tensión se mantiene alta, no lo derogaré porque el Consejo no me lo solicita personalmente", dijo a la cadena "BFM TV" Pierre Vivoni, alcalde socialista de la localidad corsa de Sisco, que aplicó el veto tras una pelea entre jóvenes corsos y familias de origen magrebí.
La normativa preveía multas de 38 euros, que sólo se han impuesto en cuatro municipios franceses, pero su aplicación ha dejado imágenes chocantes para la opinión pública.
Las fotografías de dos bañistas en Niza y Cannes cubiertas con un pañuelo y una túnica que fueron obligadas por agentes a quitarse esas prendas provocó la indignación en las redes sociales y cuestionó el alcance de esos decretos, cuya repercusión ha protagonizado el debate mediático del verano.
El primer ministro, el socialista Manuel Valls, no quiere una legislación específica al respecto pero ha respaldado los vetos locales al burkini, en contra de la posición de otros miembros del Ejecutivo, como la titular de Educación, Najat Vallaud-Belkacem. "¿Hasta dónde se va a llegar para comprobar que una prenda se ajusta a las buenas costumbres?", se preguntó Vallaud-Belkacem, para quien se está ante "una deriva peligrosa para la cohesión nacional".
La mayor parte de los municipios donde está en vigor el veto al burkini están gobernados por la derecha, que ha pedido al Ejecutivo socialista que no deje a los alcaldes "desamparados" en esta cuestión.
"La decisión del Consejo subraya la insuficiencia de nuestro arsenal legislativo", dijo hoy el presidente del partido conservador Los Republicanos, Laurent Wauquiez.
El exjefe de Estado francés y candidato a las primarias de esa agrupación, Nicolas Sarkozy, propone incluso prohibir todo signo religioso no solo en la escuela, sino también en la universidad, la Administración y las empresas.
El ultraderechista Frente Nacional (FN) respalda también acabar con todo símbolo religioso ostentoso, mientras organismos como el Consejo Francés del Culto Musulmán (CFCM) o Amnistía Internacional (AI) han respirado aliviados por el dictamen de hoy.
"Espero que frene un debate histérico e incite a los responsables políticos a recobrar la razón", destacó el presidente del CFCM, Anouar Kbibech, para quien "hay otras prioridades en el país" en las que es necesario centrar todas las energías.
