Campesinos bolivianos torturaron y enterraron vivos a tres hermanos a los que acusaron de haber matado a otro agricultor de una comunidad del departamento regional de Cochabamba, en el centro del país, informaron hoy fuentes policiales.
Agentes policiales de la localidad de Quillacollo dijeron a la red de televisión ATB que recuperaron los cuerpos de los tres el lunes en Watallani, pueblo situado a más de cien kilómetros de la ciudad de Cochabamba.
"Hemos podido rescatar tres cuerpos (de tres hombres) que han sido ejecutados por los comunarios del lugar en un asesinato escalofriante que estamos investigando para llegar a determinar las causas", dijo el subjefe policial de Quillacollo, Boris Mujica.
Los agentes tardaron casi dos horas en desenterrar los cuerpos de una fosa en la que los hallaron maniatados, entre piedras y plantas espinosas, y golpeados en la espalda y la cabeza.
Basilio, Sabino y Bonifacio Espinoza fueron linchados tras ser acusados por los campesinos de haber matado al agricultor Miguelino Delgado, pero la Policía señala la posibilidad de que este muriese atragantado con algo mientras bebía con los tres hermanos.
Según la prensa local, los Espinoza fueron retenidos por 60 personas el lunes en la noche, golpeados con piedras, palos y látigos, y arrastrados hasta la fosa donde fueron enterrados vivos.
En mayo pasado ocurrió un caso similar de lo que los campesinos e indígenas llaman "justicia comunitaria", con la tortura y el asesinato de cuatro policías en el norte del departamento de Potosí.
La ONU expresó en junio su preocupación por el "progresivo aumento" de los linchamientos en Bolivia, que suman al menos 30 desde 2009, sin contar otros 77 intentos frustrados.
Este año se emitieron las dos primeras sentencias por estos asesinatos colectivos en Bolivia: uno por la muerte de un alcalde en 2004 y otro por el asesinato y tortura de tres policías en 2008.
El Gobierno del presidente Evo Morales y algunas organizaciones indígenas rechazan que los linchamientos sean "justicia comunitaria".
Morales promulgó en junio una ley que consagra la "justicia indígena" entre las instituciones de Bolivia, pero para que sea efectiva hace falta otra norma que defina los límites entre ese sistema y el de origen europeo.
