La investidura fallida de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno supone prolongar la incertidumbre en torno a la aprobación de los presupuestos generales del Estado para 2017, que deberían incluir parte de los ajustes pactados con Bruselas a cambio de flexibilizar la senda de déficit público.
Y aunque aún quedan unas semanas en las que una hipotética nueva sesión de investidura podría evitar la prórroga de las cuentas de 2016, prosigue la cuenta atrás hasta llegar al 30 de septiembre.
Esa es la fecha límite para que el nuevo proyecto de presupuestos entre en las Cortes si se pretende que estén en vigor el 1 de enero.
Son las fechas para una tramitación ordinaria, aunque según fuentes gubernamentales consultadas por Efe se podrían explorar opciones como acortar los plazos de tramitación, si se acude al carácter de urgencia, en caso de que se logre formar gobierno en los próximos dos meses.
También se podrían aprobar más tarde y que los presupuestos entren en vigor ya iniciado el próximo ejercicio, como ocurrió cuando el PP ganó las elecciones con mayoría absoluta en diciembre de 2011.
Entonces, los presupuestos de 2012 recibieron luz verde en junio de ese mismo año.
En todo caso, una eventual prórroga de los presupuestos de 2016 se produciría de manera automática el 1 de enero de 2017, tal y como establece la ley general presupuestaria.
La consecuencia de no conformar un Gobierno, según ha advertido hoy el presidente del Ejecutivo en funciones, Mariano Rajoy, es que tendrá un coste y pasará una "alta factura".
En el mismo sentido, la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, ha indicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del posible daño a 14 millones de personas que dependen de algún modo de los presupuestos.
No obstante, el gobierno en funciones tiene en mente hacer lo posible para que colectivos como el de los jubilados o los funcionarios sufran el menor perjuicio posible.
En otras partidas, como las que se refieren a las autonomías y ayuntamientos, o determinados planes ministeriales, el Gobierno en funciones entiende que no puede resolverlas a base de decretos-ley, ya que además deberían ser luego refrendados en menos de 30 días en el Congreso, donde el PP ya no dispone de mayoría absoluta.
En cuanto al techo de gasto, la tesis del Ejecutivo es que aun en el caso de que jurídicamente fuera posible -algo que tampoco está claro- aprobarlo sin poder hacerlo después con los presupuestos carecería de sentido.
Además, este límite de gasto condiciona la financiación de las comunidades autónomas y no admite enmiendas.
Sobre los ajustes que la Comisión Europea (CE) espera de España, tampoco se pueden aprobar por un gobierno en funciones, entre ellos la recuperación de los pagos mínimos a cuenta para el impuesto de Sociedades, con la que se espera recaudar 6.000 millones.
En este asunto hay otra fecha límite, el 15 de octubre, cuando todos los Estados miembros deben presentar sus proyectos presupuestarios para 2017 en Bruselas.
En caso de que España no haya aprobado un nuevo proyecto, deberá remitir sus proyectos presupuestarios actuales.
No obstante, la CE aclaró que no sancionará "de forma automática" a España en caso de que no se presente el nuevo presupuesto, sin antes seguir otra serie de procedimientos que incluyen comprobar si el país ha tomado "acciones efectivas" para reducir su déficit excesivo.
Las autoridades españolas tienen que presentar medidas que se ajusten a la nueva senda fiscal propuesta por la CE, que pide a España que reduzca su déficit desde el 5,1 % del PIB actual (con la ayuda a la banca) al 4,6 % del PIB en 2016, en el 3,1 % en 2017 y en el 2,2 % en 2018.
En todo caso, el candidato del PP, Mariano Rajoy, ya ha afirmado que repetirá su intento de ser elegido presidente del Gobierno antes de que acabe el plazo de dos meses que se abre ahora, y que podría desembocar en nuevas elecciones en diciembre en caso de que todos los intentos, suyos y de otros candidatos, fracasen.
