Andorra, sacudida por el escándalo de BPA, el tercer banco del Principado, por presunto blanqueo de capitales del crimen organizado, afronta una semana clave en la que el Gobierno de Antoni Martí deberá esclarecer qué solución adopta para resolver esta crisis financiera y devolver la confianza a los mercados.
El sector bancario andorrano, formado por cinco grandes entidades (AndBank, Grup Crèdit Andorrà, Banca Privada d'Andorra (BPA), MoraBanc y BancSabadell d'Andorra), tiene un peso importante en la economía del país, cercano al 20 % de su PIB, por lo que la crisis de BPA amenaza con contaminar al conjunto del sistema y causar un daño a su reputación irreparable.
Es por ello que el ejecutivo andorrano, que esta semana ha intervenido BPA y cesado a su consejo de administración, situando al frente del banco a tres administradores provisionales, se apresura a definir una hoja de ruta que permita buscar una solución para la entidad y preservar la solidez de la banca andorrana.
Las opciones que baraja el gobierno del Principado son básicamente tres: la nacionalización de BPA, un posibilidad que parece prácticamente descartada dado que el ejecutivo carece de recursos para hacerlo; su liquidación o bien su venta a otra entidad, una alternativa que tampoco parece probable, ya que ni AndBank ni Crèdit Andorrà, las dos mayores entidades del país, han mostrado interés en la operación.
La opción más viable parece ser la liquidación total o parcial de BPA, lo que comportaría vender todo lo que se pueda, pagar la sanción que aplique Estados Unidos y repartir el resto de fondos entre el conjunto de la banca andorrana.
En la definición del rumbo que seguirá a partir de ahora BPA trabajan a contrarreloj el gobierno andorrano y Carles Salvadó Miras, Santiago Guillén Sánchez y Joan Quera Font, los nuevos gestores de la entidad, que analizan con detalle el balance del grupo, que gestiona fondos por valor de unos 6.000 millones de euros.
La intervención de BPA ha desencadenado la mayor crisis financiera de Andorra, una situación sin precedentes en el Principado que ha afectado también al conjunto del país, que ha visto cómo la agencia de medición de riesgos Standard & Poors (S&P) ha rebajado esta semana un grado su calificación, situándola en BBB (equivalente a un aprobado).
Ante la magnitud del escándalo de BPA, el presidente del Consell General de Andorra, Vicenç Mateu, y el jefe del Gobierno, Antoni Martí, se han apresurado a reivindicar la "buena imagen" del Principado y han lamentado que "en un país tan pequeño" como el suyo "los actos irresponsables de unos pueden malbaratar la buena reputación y el bienestar de toda la población".
Han defendido asimismo la liquidez y solvencia de la plaza financiera andorrana y han lanzado un mensaje de tranquilidad a los clientes de BPA, que aún así han procedido, muchos de ellos, a retirar fondos de la entidad.
Lo cierto es que Andorra ha vivido una de sus semanas más difíciles, después de que el pasado martes, 10 de marzo, el Instituto Nacional de Finanzas (INAF), el regulador financiero del país, interviniera BPA, entidad que está siendo investigada por el Gobierno de los Estados Unidos por canalizar presuntamente fondos del crimen organizado.
Ese día, el Banco de España acordaba también intervenir el Banco Madrid, filial de BPA, cuyo consejo de administración dimitía esa misma noche en bloque para "facilitar la actuación interventora".
Dos días más tarde, el regulador bursátil de Panamá daba a conocer que también se intervenía la filial panameña de este banco para proteger los intereses de los depositantes.
En medio de este revuelo financiero, el pasado viernes se producía la detención del consejero delegado de BPA, Joan Pau Miquel, la mano derecha y hombre de confianza de los propietarios de la entidad, los hermanos Higini y Ramon Cierco, por presunto blanqueo de capitales de la mafia china.
Las actuaciones policiales y judiciales derivadas de este caso suman además dos nuevas órdenes de detención contra empleados de la entidad, también por supuesto blanqueo de capitales de la mafia china y rusa.
El escándalo de BPA adquiere mayores proporciones por momentos, por lo que el Gobierno andorrano tendrá que actuar con contundencia y celeridad si quiere recuperar la confianza de los mercados y, sobre todo, evitar el efecto contagio para el resto de su banca.
