El Ministerio de Trabajo ha trasladado a los agentes sociales su propuesta para incrementar el salario mínimo interprofesional (SMI) un 3,1% en 2026, lo que elevaría esta referencia salarial de 1.184 a 1.221 euros brutos al mes en catorce pagas, es decir, 37 euros más mensuales.
La propuesta contempla además que el salario mínimo continúe exento de tributación en el IRPF, una cuestión sobre la que, según el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, existe consenso dentro del Gobierno.
Tras la reunión, patronal y sindicatos se han comprometido a analizar la oferta y consultarla con sus respectivos órganos de dirección. Pérez Rey ha valorado el encuentro como un diálogo "sincero y constructivo".
Durante la negociación, Trabajo también ha planteado explorar junto al Ministerio de Hacienda una posible flexibilización de la ley de desindexación, especialmente en lo relativo a los contratos públicos y su adaptación a las subidas salariales.
Esta es una reivindicación histórica de CEOE y Cepyme, que reclaman poder trasladar a la Administración el aumento de los costes laborales derivados del SMI. Los sindicatos respaldan esta demanda, tal y como quedó recogido en el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC).
Para Pérez Rey, "no tiene mucha lógica" que las empresas no puedan reflejar en las licitaciones públicas parte de las subidas salariales, aunque ha precisado que cualquier cambio dependerá de los ministerios competentes, especialmente Hacienda.
UGT y CCOO apuestan por un acuerdo tripartito
Desde UGT, su vicesecretario general de Política Sindical, Fernando Luján, ha valorado de forma positiva la disposición del Gobierno a revisar la ley de desindexación, aunque ha señalado que aún no está claro si afectará solo al SMI o también a los salarios pactados en convenio.
Luján ha asegurado que el sindicato hará todo lo posible para alcanzar un acuerdo con presencia de la patronal y ha apelado a la responsabilidad de todas las partes para aportar "tranquilidad económica y certidumbre" tanto a empresas como a trabajadores, en un contexto de incertidumbre en Europa.
Por su parte, el secretario de Acción Sindical de CCOO, Javier Pacheco, ha subrayado que la negociación debería resolverse en "cuestión de días" para no retrasar la actualización salarial, un proceso que afecta a más de un millón y medio de personas y a miles de empresas.
Pacheco ha destacado también la importancia de modificar la ley de desindexación, una cuestión que considera "sumamente relevante" para que las subidas del salario mínimo lleguen a todos los trabajadores y para corregir lo que ha definido como una "anomalía democrática" en las empresas que prestan servicios a las administraciones públicas.