El Pleno del Congreso ha aprobado este jueves la ley que deroga el artículo 315.3 del Código Penal, que contempla penas de cárcel específicas para las coacciones de los piquetes de huelga. El texto pasa ahora al Senado para completar su tramitación con idea de que esté en vigor en mayo.
La despenalización, propuesta por el PSOE y pactada dentro del acuerdo de coalición con Unidas Podemos, ha salido adelante con el apoyo de Esquerra Republicana (ERC), EH-Bildu, Junts, el PDeCAT, la CUP, Más País-Equo, el BNG, Compromís, Teruel Existe y Nueva Canarias, sumando 189 votos a favor y superando con holgura la mayoría absoluta necesaria para modificar una ley orgánica (176 diputados).
El PP, Vox, Ciudadanos, UPN y Foro Asturias han votado en contra, lo que suman 151 diputados, mientras que el PNV, el PRC y Coalición Canaria se han abstenido.
La reforma, que deroga este artículo y contempla la revisión de sentencias firmes dictadas de conformidad al mismo, pasa al Senado sin cambios, tras rechazar las propuestas del PP, Vox y el PNV de conservar, con mayor o menor dureza, castigos de cárcel específicos para los posibles abusos de los piquetes.
A partir de ahora, deberá completar su tramitación en la Cámara Alta y únicamente volverá al Congreso para someter a votación los cambios que allí se introduzcan. En todo caso, el PSOE ya ha anunciado que pedirá una tramitación de urgencia --se acortan los plazos a la mitad-- para tener en vigor la reforma para el 1 de Mayo, Día Internacional del Trabajador.
La portavoz del PSOE, Andrea Fernández, ha asegurado que se trata de eliminar un precepto que criminaliza las huelgas y el sindicalismo, porque presume que una huelga es un ambiente proclive a la delincuencia.
El portavoz del PP, Jaime de Olano, ha defendido que el derecho de huelga no es ilimitado y que hay que ponderar cuál prevalece cuando entra en conflicto con el derecho al trabajo o con la libertad en general.
Por parte de Ciudadanos, el diputado Pablo Cambronero, ha considerado que no es urgente ni necesaria esta derogación y que la prioridad debería ser la creación de empleo, al tiempo que ha insistido en que la huelga es un derecho fundamental, no una obligación. "Los piquetes a veces coaccionan, amenazan e incluso agreden", ha dicho Cambronero, que ha acusado a la extrema izquierda de querer "sustraer cuota de libertad a los individuos".
El diputado de ERC, Jordi Salvador i Duch, ha dicho que no se trata de ser liberal, sino de pasar página respecto de una legislación del tardofranquismo, y ha afeado a la derecha su preocupación por la coacción de los piquetes informativos y no por la coacción empresarial contra las huelgas.
La diputada de Unidas Podemos, Aina Vidal, ha explicado que la tipificación del delito de coacción en el ámbito de la huelga viene de 1928, se recuperó en 1976 y se mantuvo en 1995, un anacronismo que no tiene justificación y que ha llevado a procesar a 300 sindicalistas en España a los que se les debe una disculpa.
En medio de los dos bloques que claramente se han posicionado a favor y en contra de la ley se ha situado el PNV, que ha optado por abstenerse, aunque su portavoz, Mikel Legarda, ha abogado por mantener el tipo penal específico para la coacción en el ámbito de la huelga, pero rebajando las penas a un máximo de dos años para evitar la entrada en prisión de quienes carezcan de antecedentes.
Esta enmienda del PNV, la de PDeCAT para que se promueva una ley de huelga antes de que acabe el año y las de PP y Vox para evitar la derogación han sido rechazadas por mayoría.
Fuentes de UGT han subrayado que más de 300 personas han sido procesadas por el delito tipificado en el 315.3 y que algunas fueron condenadas, aunque a día de hoy no hay nadie en la cárcel por ello.
