La Comisión Europea dará este miércoles un primer paso hacia la unión bancaria con la presentación de su propuesta estrella para la gestión de futuras crisis bancarias, la cual incluye una red de fondos nacionales que se ayudarán mutuamente, lo que constituye el "embrión" de un futuro mecanismo de resolución europeo. La idea de Bruselas es crear un marco común en la UE para que sea la banca la que se rescate a sí misma, y no los contribuyentes, y procurar que los países tengan los instrumentos adecuados para lidiar con una crisis bancaria nacional y transfronteriza.
La Comisión Europea (CE) propone un esquema en tres fases: prevención, intervención temprana y resolución.
En la primera, los bancos tendrán que elaborar planes para restaurar su viabilidad si hay un deterioro de su situación financiera, mientras las autoridades deberán diseñar programas de resolución en los que se recoja un abanico de opciones que permitan garantizar una adecuada programación de los pasos a dar en caso de dificultades o quiebras.
La segunda etapa permite intervenir antes de que los problemas se vuelvan críticos y concede poderes a las autoridades para destituir a las instancias de dirección y nombrar a un gestor especial, incluso antes de que quiebre la entidad, así como convocar una junta de accionistas y exigir al banco que diseñe un plan para reestructurar la deuda con sus acreedores.
El tercer pilar proporcionará instrumentos de resolución creíbles cuando una entidad esté a punto de caer, de manera que las autoridades puedan obligar a la entidad a vender o fusionar su negocio o filiales y crear un "banco puente temporal", al que se transferirá toda o una parte de su actividad para que se garantice la continuidad de las funciones básicas y la quiebra sea ordenada.
También obligará a separar los activos sanos de los tóxicos en un "banco malo" y a convertir deuda en acciones e imponer pérdidas sobre la deuda. Este último paso se conoce como "bail-in", es decir que se implica a los accionistas y poseedores de bonos que no gozan de ningún privilegio o derecho preferente en caso de concurso de acreedores en un proceso de quiebra en el rescate.
En todo caso, el acreedor no debe ver perjudicada su inversión más de lo que lo que ocurriría en una insolvencia, por lo que se debe garantizar un valor "justo" del mercado y una posible compensación judicial que no puede revertir o impedir la medida de resolución, según fuentes comunitarias.
Esta herramienta no entrará en vigor hasta 2018 para dar tiempo a los bancos, inversores y autoridades a adaptarse a estas exigencias.
Además, habrá una "jerarquía" de los activos a utilizar para restaurar la posición de capital de la entidad, de manera que se empezará por las acciones y otros instrumentos similares y después los acreedores asumirán pérdidas sobre deuda subordinada y, en última instancia, sobre deuda senior (prioritaria).
El Sistema de Garantías de Depósitos tendrá que contribuir con el importe equivalente al que hubiera tenido que cubrir en caso de quiebra, pero los instrumentos sujetos al "bail-in" no tocarán los depósitos cubiertos, ni tampoco los activos de clientes.
Todos los bancos tendrán que destinar un porcentaje de su pasivo al "bail-in", que no está fijado, pero la Comisión Europea estima en el 10 %.
Los fondos nacionales de resolución se financiarán con las contribuciones anuales de los bancos y entidades de inversión para reunir el equivalente a un 1 % de los depósitos bancarios cubiertos durante 10 años.
Los países tienen la opción de fusionar el esquema de garantías de depósitos con el fondo de resolución o crear un mecanismo de resolución separado.
Los fondos pueden prestarse mutuamente y, para el caso de crisis transfronterizas, la Comisión Europea se apoya en los grupos de supervisores nacionales para constituir órganos de resolución (los supervisores y las autoridades nacionales con facultades de liquidación), y la Autoridad Bancaria Europea (EBA, en sus siglas en inglés) podrá mediar en caso de diferencias entre dos o más países.
