El Consejo de Administración de Caja del Mediterráneo (CAM) acordó pedir 2.800 millones de euros al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) para cumplir los requisitos mínimos de capital exigidos por el Gobierno, informó hoy la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La CAM, que se convierte en la entidad que más ayudas públicas ha pedido y que pasará previsiblemente a estar controlada por el Estado, acordó también transferir todo su negocio financiero a un banco para dar entrada en su capital al FROB.
El consejero de la CAM Jesús Navarro señaló, al abandonar la reunión del consejo, que la entidad seguirá "en solitario, con la ayuda del FROB, con el apoyo del Banco de España y con la solvencia que tiene". Navarro aseguró que, con la aportación de dinero público, la CAM superará la barrera del 10 % de capital básico (capital de máxima calidad) que exige el Ejecutivo.
La caja alicantina también destacó que la aportación le permitirá superar las pruebas de solvencia a las que se someterá toda la banca europea el próximo verano.
No obstante, la entidad dejó la puerta abierta en el comunicado a una alianza con otras entidades "que aporten las adecuadas sinergias y compartan con la CAM la filosofía de transparencia que exigen los mercados".
"La posibilidad de sumar nuevos socios está abierta y la entidad propiciará su integración si con ella su proyecto de futuro gana en tamaño y solidez, continuando con su tradicional política de integraciones", se añade en el comunicado.
La petición de dinero público supondrá que el Estado se haga previsiblemente con el control de la entidad, ya que su capital actual se calcula en una horquilla de entre 2.000 y 3.000 millones de euros.
Además hay que tener en cuenta que la entrada del FROB se hará aplicando importantes descuentos sobre el valor en libros, que podrían rondar incluso el 50 por ciento en el caso de la CAM dada su delicada situación (La Caixa aplicó el 20 por ciento para crear Caixabank).
La decisión de la CAM se produce después de que el pasado miércoles se rompiera el proyecto de Banco Base por el rechazo de las asambleas del resto de miembros (Cajastur, Caja Cantabria y Caja Extremadura) a incorporar a la entidad alicantina por el elevado volumen de ayudas que requería.
