La CNMC sanciona con más de 61 millones a 12 empresas por pactar contratos de Fomento

  • Las empresas se adjudicaron 71 licitaciones de un total de 101 por más de 530 millones de euros
La CNMC sanciona con más de 61 millones a 12 empresas por pactar contratos de Fomento
Obras en una carretera |EUROPA PRESS

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha sancionado con 61,28 millones de euros y la prohibición de contratar con la Administración a 12 empresas, entre las que figuran filiales de Acciona, Sacyr, ACS o Ferrovial, al considerar que habían conformado un cártel para alterar las licitaciones en obras de conservación y explotación de carreteras convocadas por el antiguo Ministerio de Fomento.

Conforme a la investigación del organismo, las compañías consiguieron 71 de las 101 licitaciones realizadas entre los años 2014 y 2018 por el actual Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana alterando la participación en los concursos.

Consiguieron 71 de las 101 licitaciones realizadas entre los años 2014 y 2018

Según ha explicado este viernes la CNMC, las empresas sancionadas “participaban sistemáticamente en todas las licitaciones acordadas, restringiendo el número de ofertas con bajas superiores a un umbral predeterminado por el cártel que podían presentar”. Se trata de una infracción muy grave prohibida por el artículo 1 de la Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia y 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

En concreto, las empresas sancionadas por formar parte de este cártel son Acciona Mantenimiento y solidariamente su matriz Acciona, a la que ha impuesto una multa cercana a los 2,34 millones de euros; Aceinsa (1,60 millones), Alvac (5,86 millones), API Movilidad y solidariamente su matriz ACS (11,78 millones), Audeca y solidariamente su matriz Elecnor (con casi 2,64 millones) y Copasa (5,6 millones).También ha sancionado a Elsamex con 4,04 millones de euros, Elsan y solidariamente su matriz Obrascón Huarte Laín (3,02 millones), Ferroser y solidariamente su matriz Ferrovial Servicios (5,71 millones), Innovia Coptalia y solidariamente su matriz Copcisa (3,35 millones), Matinsa y solidariamente su matriz FCC (8,54 millones) y a Sacyr Conservación y solidariamente su matriz Sacyr (5,17 millones).

El organismo de Competencia desveló que el funcionamiento del cártel se desarrollaba a través de reuniones “para tomar café” donde las compañías “establecían periódicamente los criterios de coordinación de las ofertas económicas a presentar en las licitaciones del Ministerio de Fomento para los servicios de conservación de carreteras de la Red de Carreteras del Estado”.

Acordaban unos criterios comunes de presentación de ofertas económicas y pactaban los descuentos

El cártel agrupaba las diferentes licitaciones en grupos para los que se acordaban unos criterios comunes de presentación de ofertas económicas. Para repartirse los contratos trabajaban con una “bolsa” de puntos que las empresas gastaban en función de los descuentos que aplicasen en sus ofertas sobre el presupuesto de contratación.

Cuando mayores fueran las bajas que presentasen en sus respectivas ofertas, más puntos se gastaban. Así, se limitaba la participación de las empresas en las licitaciones ya que los puntos no eran suficientes para que pudiesen pujar por todos los contratos en cada grupo de licitación. Además, con este sistema se garantizaba que el resto de ofertas que presentase una misma empresa ya tuviese “escasas o nulas posibilidades de adjudicación”, al no poder ofrecer grandes descuentos en su oferta.

Según la CNMC, las compañías pactaban, incluso, los descuentos a presentar en esas ofertas con pocas posibilidades de éxito y se comprometían a presentar ofertas en todas las licitaciones de cada grupo. Así, podían conseguir que ofertas de empresas ajenas al cartel realmente competitivas fueran excluidas del proceso de contratación.

Han detectado conversaciones desde 2009

En su investigación, la CNNC concluye que el sofisticado sistema diseñado por las empresas “se fue adaptando a los sucesivos cambios en los pliegos de contratación introducidos por la administración”, siendo su mecánica “particularmente compleja”, lo que dificultaba “enormemente” su detección.

Si bien el organismo de competencia, indica que ha podido acreditar que el cártel operó entre febrero de 2014 y diciembre de 2018, revela que han detectado conversaciones desde 2009. Durante el periodo acreditado las empresas se adjudicaron 71 licitaciones de un total de 101 por más de 530 millones de euros y que supuso el 63% del importe total adjudicado por el Ministerio para los servicios de conservación de las Red de Carreteras del Estado.

Según ha desvelado el organismo, la investigación se inicia tras recibir en el año 2017 una información anónima alertando de la posible existencia del cártel. Tras las inspecciones realizadas en varias sedes de las empresas integrantes en 2018, en julio de 2019 se incoó un expediente sancionador contra 13 empresas y en diciembre de 2020 se incluyó a Ferrovial Servicios en el mismo expediente sancionador, aunque finalmente no ha sido sancionada en concepto de autora, sino como responsable solidaria por la conducta de su filial (Ferroser).

En cuanto a la prohibición de contratar con las administraciones públicas, la CNMC indicó que remitirá a la Junta de Contratación del Estado la notificación de esta resolución a fin de que se inicie el procedimiento de determinación de la duración y alcance a las empresas sancionadas.

'Aceinsa' quedará exenta de la aplicación de la prohibición de contratar con la Administración.

En el proceso, la empresa Aceinsa se ha beneficiado de una reducción del 50% de la multa y no se le aplicará la circunstancia agravante de forma que quedará exenta de la aplicación de la prohibición de contratar con la Administración. Su rebaja se produce porque se ha acogido al ‘programa de clemencia’ y ha aportado elementos de prueba que han permitido a la CNMC detectar y acreditar la existencia del cártel. Así su multa final ha sido de 1,60 millones frente a los 3,21 millones impuestos inicialmente.

La CNMC, cuya decisión puede ser recurrible en la Audiencia Nacional, ha instado además a la Dirección de Competencia que “analice la posible responsabilidad de los directivos implicados en la infracción declarada en la resolución”.