La Comisión Europea (CE) y el Banco Central Europeo (BCE) pidieron hoy a España que siga aplicando reformas y reduciendo su déficit público, además de reforzar sus políticas del empleo para reducir el paro y mejorar el funcionamiento del mercado laboral. Ambos organismos pidieron a España proseguir la vigilancia sobre su sector financiero y mantenerse "preparada" para tomar las medidas "necesarias" si se descubren nuevas necesidades de capital, según el informe publicado hoy de su última misión al país para revisar la marcha de su programa financiero.
El documento constata que España "ha cumplido todas las condiciones" que aceptó a cambio del crédito de hasta 100.000 millones de euros, de los que finalmente utilizó 41.300 millones, para sanear su banca en dificultades, aunque deberá continuar los esfuerzos para culminar las medidas puestas en marcha y las planeadas.
La CE y el BCE piden medidas para hacer frente a los altos niveles de desempleo y promover el buen funcionamiento del mercado laboral, al tiempo que subrayaron la necesidad de reforzar las políticas de empleo activas. "Sigue siendo imperativo hacer frente a los altos niveles de desempleo y promover el buen funcionamiento del mercado laboral", dicen la CE y el BCE.
También apuntan a otras reformas necesarias, como la fiscal, la de la administración pública o la "pospuesta" liberalización de los servicios profesionales o la reforma de la administración pública,
La CE y el BCE piden a España que continúe la consolidación fiscal, es decir, los ajustes para reducir el déficit público y cumplir con el objetivo de situarlo por debajo del máximo del 3 % marcado por Bruselas en 2016, a la vez que se detiene la escalada de la deuda pública. "Esto requerirá una determinación inquebrantable en los próximos años", afirman la CE y el BCE.
El informe señala también que España ha superado los "graves problemas" que tenía su sector bancario, pero insta a su Gobierno a seguir vigilando de cerca la solvencia de las entidades, aunque considera que tras la recapitalización y la reestructuración llevadas a cabo, es "ampliamente cómoda". Igualmente indica que "los bancos y las autoridades españolas tienen que estar preparados para hacer frente a cualquier déficit de capital que la evaluación integral del BCE puede revelar".
Bruselas y Fráncfort también piden al Gobierno y a las autoridades regionales españolas que controlen el impacto de la aplicación de la ley sobre desahucios sobre la estabilidad de los bancos, ya que consideran que este tipo de medidas crean incertidumbre y lastran la reactivación del sector inmobiliario. Recomiendan seguir las actividades de la Sareb (el conocido como banco malo) para "asegurar que da salida a sus activos a tiempo, a la vez que se minimizan los costes para los contribuyentes", es decir, que obtiene el máximo retorno posible en sus operaciones.
La CE y el BCE piden al país que continúe con la reestructuración de los bancos nacionalizados, y que presten una "atención detallada" a los que aún están en manos del Estado.
