El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha acordado dirigir el procedimiento penal que abrió el pasado mes de octubre por la manipulación de determinados motores diesel de Volkswagen AG contra la propia firma en calidad de investigada, y le imputa una presunta participación en delitos de defraudación que causan perjuicio a una generalidad de personas, fraude de subvenciones y contra el medio ambiente.
Además, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 ya ha cursado la Comisión rogatoria a Alemania, teniendo en cuenta que es en ese país donde se ubica la empresa Volkswagen AG, que tendrá que designar a una persona para que la represente, así como abogado y procurador.
En su auto, el juez explica que la causa se inició tras la presentación de querellas por el Sindicato Manos Limpias y por la Asociación Internacional Antifraude para la Defensa de Afectados por Motores Volkswagen, y se centra en la presunta manipulación de determinados motores diesel de 4 cilindros.
El trucaje se pudo realizarse, según investiga el magistrado, con la instalación de un programa informático que detecta cuándo un vehículo se encuentra en un banco de pruebas, al objeto de reducir sus emisiones contaminantes dentro de los parámetros exigidos por la normativa medioambiental.
El fabricante, según explica en su resolución el juez Moreno, con el objetivo de fabricar un motor que consumiera poco, mantuviera gran potencia y al mismo tiempo no desprendiera gases por encima de los límites legales, introdujo un software capaz de detectar cuándo un vehículo estaba siendo testado, de manera que en ese momento de sometimiento a control, tuviera un funcionamiento menos eficiente y, por consiguiente, menos contaminante.
RECONOCIMIENTO PÚBLICO DE LOS HECHOS
Una vez analizados los hechos y haciendo constar que el grupo Volkswagen ha reconocido públicamente esos hechos y la adopción de medidas para solucionar el problema, el juez considera que procede investigar estas conductas porque pueden constituir los delitos antes mencionados.
Además, establece que la empresa Volkswagen A.G. debe ostentar la condición de " investigado" " al objeto de poder tener conocimiento de las actuaciones y se le garantice, entre otros, el derecho de ser asistido por letrado y, en definitiva, el derecho de defensa en su más amplio sentido".
La resolución se ha dictado en consonancia con el criterio de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que había solicitado la declaración de investigada de la compañía como persona jurídica.
El Ministerio Público se basaba en lo esgrimido por el representante de Volkswagen -Audi España que aseguró que los motores afectados los fabrica Volkswagen AG en Alemania. Se apoya también el fiscal en la documentación aportada por el Ministerio de Industria sobre las sociedades de SEAT afectadas por estos hechos.
Según la Fiscalía , debe ser la empresa radicada en Alemania la que responda por su posible responsabilidad penal como persona jurídica porque " existen elementos que permiten indicar que Volkswagen AG y Seat, S.A. no actúan en el mercado cual compartimientos estancos, sino que aquella mantiene de hecho la dirección de sus actuaciones, cual correa de transmisión directa sobre ésta".
El juez Moreno se declaró competente para investigar este asunto el pasado 28 de octubre tras recibir las querellas contra el consorcio automovilístico Volkswagen y solicitó entonces recabar del Ministerio de Industria, Energía y Turismo toda la información sobre los hechos investigados que existía hasta el momento.
Entre los documentos que pidió entonces el juez y han fundamentado su decisión de este viernes están también un dictamen de la Agencia de Protección del Medio Ambiente de Estados Unidos (EPA), así como un informe de dictámenes periciales que se hayan efectuado y los recibidos del grupo Volkswagen y de las entidades involucradas.
