El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha decretado hoy la apertura de juicio oral contra el expresidente de Bankia, Rodrigo Rato; su exvicepresidente, José Luis Olivas; y una treintena de antiguos directivos de la entidad por presunta estafa a los inversores de la salida a bolsa de 2011. En el auto, el titular del juzgado central de Instrucción número cuatro incluye a la firma consultora Deloitte, la cual no se encontraba entre los inicialmente procesados.
Entre los acusados, además de Rato y Olivas, sobre quienes pesan las peticiones más elevadas por parte de la Fiscalía -cinco y cuatro años de cárcel, respectivamente-, figuran el exconsejero José Manuel Fernández Norniella -tres años- y el ex consejero delegado de Bankia, Francisco Verdú, -dos años y siete meses-. Sobre el papel de Deloitte, el juez recuerda que si bien en el auto del pasado mayo no figuraba entre los procesados, la sala acordó reincorporarla a la causa al no poder ni deber "descartar la participación por cooperación necesaria, de las auditoras que al realizar la fiscalización externa de la contabilidad, colaboran y se prestan a la formación de unas cuentas o balances falseados".
Una responsabilidad castigada por el Código Penal español y que se debe a que "por cuanto su función, procedió a analizar,verificar y dictaminar la corrección y veracidad de las cuentas de Bankia (...) siendo indudable que sin dicha revisión las autoridades no hubieran permitido que operara en el parqué".
El magistrado rechaza además sobreseer la causa penal contra BFA y Bankia, como solicitaba el fiscal, que valoraba la actitud colaboradora que ha mantenido tanto la entidad como su matriz durante la instrucción de la causa. Al respecto, señala Andreu que dicha colaboración podrá entenderse como una "posible atenuación de la responsabilidad penal, pero nunca a una declaración de sobreseimiento, ni libre ni provisional".
Si bien Anticorrupción no solicita cargos para ningún otro miembro del Consejo de Administración de la época, sí lo hacen el resto de acusaciones, entre ellos la Confederación Intersindical de Crédito (CIC), que pide hasta doce años y medio de cárcel y multas de más de un millón de euros por falseamiento continuado de cuentas, estafa a inversores y administración desleal.
El magistrado extiende además el procedimiento penal al socio auditor de Deloitte Francisco Celma, que revisó los estados contables presuntamente falseados que sirvieron al banco para debutar en el parqué madrileño. En la lista de acusados figuran también el exministro del Interior Ángel Acebes, el expresidente de la patronal madrileña Arturo Fernández, el exsecretario de Estado de Hacienda Estanislao Rodríguez Ponga, el ex director general de Caja Madrid Ildefonso Sánchez Barcoj, el exconsejero de OHL Javier López Madrid y el exconsejero de Bankia José Antonio Moral Santín.
La decisión se conoce poco tiempo después de que la sección tercera de la sala de lo Penal rechazara el último de los recursos contra el auto de procesamiento, en concreto el de la acusación de la Confederación General del Trabajo (CGT), que instaba al tribunal a incluir en la causa a los antiguos responsables del Banco de España, entre ellos su exgobernador Miguel Ángel Fernández Ordóñez, y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
De la treintena de exconsejeros de Bankia, catorce de ellos ya fueron condenados por el caso de las tarjetas "black" de Caja Madrid, si bien el Tribunal Supremo debe aún dilucidar su futuro y dictar una sentencia firme en los próximos meses.
Aún no se ha fijado fecha para el juicio, que previsiblemente se celebrará a partir de 2018.
RATO:BANKIA CUMPLIÓ CON "ESCRÚPULO" LOS REQUERIMIENTOS DE BANCO DE ESPAÑA
El expresidente de Bankia Rodrigo Rato ha defendido hoy su gestión al frente de una entidad que "cumplió escrupulosamente" con los requerimientos del Banco de España, y ha asegurado que en el sumario de la salida a bolsa no hay "ni un solo documento" que acuse al grupo de irregularidades contables. Así lo ha expresado a Efe el exministro tras conocer la apertura de juicio oral dictada por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, a quien reprocha haber hecho justicia "sobre personas, no sobre hechos" y haberse apoyado en la opinión de los peritos judiciales Víctor Sánchez Nogueras y Antonio Busquets contra el criterio de la Fiscalía Anticorrupción y de la Abogacía del Estado.
Según Rato, ambos expertos, cedidos a la causa por el Banco de España, sostuvieron en un primer momento que las provisiones que aparecían en el balance de la salida a bolsa de 2011 eran falsas, para después "cambiar su enfoque" tras valorar las pruebas documentales del regulador que respaldaban la existencia de dicho colchón. En este sentido, insiste en que, a pesar de esta modificación, el primer peritaje permitió al Tribunal Supremo declarar nulo el debut bursátil de la entidad y abrió la puerta a que los inversores del tramo minorista recuperasen su dinero bien a través de la vía civil con demandas por error o vicio en el consentimiento o por el mecanismo extrajudicial habilitado por Bankia.
El que fuera director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) afea además que los peritos, tras constatar que tales provisiones existían, criticaran que hubieran sido contabilizadas contra reservas y no contra la cuenta de resultados, sin valorar que esta decisión "esta amparada por el Banco de España, su comisión ejecutiva, la CNMV y todos los auditores privados".
