Airbnb recurrirá el fallo que obliga a pagar la multa de 64 millones impuesta por el Gobierno

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha denegado la solicitud de medidas cautelares solicitadas por Airbnb para paralizar la sanción que el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 impuso en diciembre de 2025 a esta plataforma online de alquiler de alojamientos turísticos por infracciones en la publicación de anuncios de este tipo de viviendas, por lo que tendrá que pagar los 64.055.311 euros previstos en la multa.

Así lo anunció este lunes el departamento que dirige Pablo Bustinduy en un comunicado, en el que recordó que identificó infracciones en un total de 65.122 anuncios publicados por Airbnb, que este mismo ministerio ya consiguió que fueran retirados de su plataforma en julio de 2025.

Airbnb ha anunciado que presentará recurso de reposición ante la multa al considerarla "contraria al marco legal español y europeo", señalando que la decisión judicial es "puramente procedimental" y no entra sobre el fondo del caso, que "sigue su curso".

Almeida: "Acatar las sentencias"

Además, a juicio de Airbnb, ha cumplido "en todo momento" con la normativa aplicable en España, al mismo tiempo que ha defendido que, desde la entrada en vigor de la nueva normativa sobre los alquileres de corta duración, ha colaborado con las autoridades competentes en su implementación.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado que cuando los tribunales hablan hay que "acatar las sentencias" que Airbnb tendrá que pagar la multa de 64 millones de euros. Almeida valoró las políticas municipales que han logrado una "reducción significativa del número de viviendas turísticas ilegales".

Para la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) el auto del tribunal supone un aviso del que "otras administraciones como las comunidades autónomas y los ayuntamientos deberían tomar nota y proceder al cierre de las decenas de miles de viviendas turísticas ilegales que hoy siguen operando".

La FRAVM ha instado al Consistorio de Madrid, uno de los municipios de España "con mayor volumen de VUT", a intensificar "sus labores de inspección, control y sanción para sacar de la circulación los miles de pisos turísticos ilegales que tiene la ciudad".