Los okupas y las mafias que controlan las okupaciones han convertido en insoportable la convivencia en un bloque de viviendas de Carabanchel. Los vecinos denuncian peleas, suciedad, inseguridad y altercados y reclaman una solución.
Las bandas mafiosas han hecho añicos la convivencia en barrios como este y la preocupación entre los vecinos es tremenda. Las okupaciones acarrean drogas, delincuencia, miedo y suciedad, aseguran al ser preguntados.
Muchos incluso han cogido miedo a los patios interiores de sus casas y les asusta hasta que puedan saltar y entrar por ahí. Lo que les lleva a cerrar con llave las puertas interiores, cosa que antes no hacían y a bajar las persianas aunque sea de día y no entre mucha luz.
Cinco grupos organizados controlan las okupaciones mafiosas de pisos en la capital, según un informe de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos (FRAVM). Se calcula que hay más de mil pisos okupados en la ciudad por estas bandas violentas que cobran a estos inquilinos entre 200 y 300 euros por un alquiler mensual y 2.000 o 3.000 euros en el caso de que vendan la propiedad de la casa okupada.
Los distritos más afectados por estas usurpaciones conflictivas son Villaverde (400), Villa de Vallecas (160), Puente de Vallecas (100), Carabanchel (100), Usera (50), Centro (50) y Tetuán (40).
En Carabanchel, al igual que en el Ensanche de Vallecas, han sido numerosos los altercados con okupas y esto llevó al PP a proponer la creación de una unidad de la Policía Municipal especializada en prevención de la okupación que deberá dar una respuesta inmediata y actuar ante cualquier denuncia para evitar que se produzca posesión efectiva de la vivienda.
Esta unidad deberá estar en coordinación con la Delegación del Gobierno y la nueva figura de coordinador de viviendas okupadas, dependiente de la Policía Nacional.
Los populares madrileños proponen además que los servicios jurídicos municipales instalen "de manera urgente" la recuperación de los pisos y bienes de titularidad municipal okupados.
También la iniciativa recoge la creación de una oficina de asistencia para los vecinos y propietarios particulares afectados que garantice el anonimato a los denunciantes y asesore a los perjudicados.
No obstante, el gobierno municipal de Manuela Carmena no ha hecho aún nada al respecto.
Es lo mismo que pide la FRAVM que ha propuesto a la Policía que se creen grupos especializados para combatir esta delincuencia que está causando estragos. Se trata de un asunto de carácter delictivo y de la misma forma que hay policías dedicados a las mafias de trata de personas, esto se tiene que identificar como un delito que genera un gran problema a la ciudad.
Según la FRAVM, cada uno de los grupos violentos controla una zona de la ciudad. Hay veces que cobran por el acceso a la vivienda un precio que puede ser de entre 2.000 y 3.000 euros y otras veces que cobran entre 200 y 300 euros si las mafias se ocupan de alquilarle el piso.
También se da el caso que en algunos bloques los mafiosos ofrecen a algún vecino hasta 100 euros por una llave de la puerta del portal. Esto ha ocurrido en Carabanchel, concretamente en las calles de Miguel Soriano y Baleares.
