La Audiencia Nacional propone juzgar a José Luis Moreno por el 'caso Titella'

El juez de la Audiencia Nacional (AN) Ismael Moreno ha propuesto juzgar al productor José Luis Moreno y otras 54 personas por supuestamente formar parte de una organización criminal dedicada a conseguir financiación de entidades bancarias e inversores privados a favor de sociedades maquilladas que, en su mayoría, no tenían actividad real y cuyo fin era "lucrarse de manera ilegítima".

Así lo ha acordado en un auto, recogido por Europa Press, el juez instructor del 'caso Titella', que apunta a presuntos delitos de estafa continuada en concurso medial con un delito de falsedad en documento mercantil, blanqueo de capitales, organización criminal, corrupción en los negocios y frustración de la ejecución.

Además, atribuye a Moreno y Martin Czehmester un presunto delito contra la Hacienda Pública. El juez sitúa en un primer nivel de la organización a Moreno, Antonio Luis Aguilera -su presunto 'número dos'- y Antonio José Salazar de Castro, el supuesto tercero en acción.

A su entender, los investigados formaban parte de una organización criminal activa al menos desde 2017 e integrada por un elevado número de personas físicas y jurídicas, cuya actividad muestra "una extraordinaria complejidad, diversificándose en diferentes especialidades desde el fraude y estafa a entidades bancarias e inversores privados mediante una dinámica de 'rueda de cheques o pagarés', a la falsificación de efectos bancarios, además del posterior blanqueo de los beneficios obtenidos de estas actividades, con una estructura dividida en células operativas y claramente jerarquizadas".

La organización, añade, se dedicaba "a obtener lucro aparentando, con evidente abuso del sistema crediticio de los bancos, la existencia de una solvente actividad económica empresarial para lograr de entidades bancarias productos crediticios, tales como el 'confirming', 'factoring' o líneas de crédito a empresas y hacer suyo el importe, simulando una crisis económica por una mala gestión mercantil o por incidencias del mercado".

Para el juez, la organización utilizaba una "red de empresas pantalla y testaferros" que "dificultaba" apreciar la vinculación entre los mismos, lo que permitía a los imputados "simular la existencia de relaciones comerciales o económicas entre las diferentes empresas, promoviendo las constantes transferencias de los fondos de unas a otras para dificultar la trazabilidad y recuperabilidad del dinero obtenido ilícitamente de la defraudación a las entidades bancarias".

A ello agrega que el dinero "defraudado por medio del abuso de las líneas de crédito o peloteo de cheques y pagarés no era directamente extraído, sino que iniciaba un largo circuito de transferencias entre empresas con el fin de desvincularlo de su origen ilícito", para que "los sistemas de control de los órganos tributarios los achacasen a una actividad empresarial regular".

E incide en que entre los afectados se encuentran diversas entidades financieras, sociedades de garantía recíproca, la Hacienda Pública e inversores particulares.

Cada uno de los responsables tenía su labor "delictiva" con "su propia cartera de empresas" y simulaba "actividad comercial con otras pertenecientes a otros miembros, creando un entramado societario con una apariencia solvente, utilizada para crear engaño en las entidades bancarias en la adquisición de todo tipo de productos financieros", añade.

El juez destaca que José Luis Moreno, como "persona pública muy reconocida", ponía presuntamente su nombre "como tarjeta de visita, para que tuvieran mucho más fácil conseguir financiación en entidades bancarias".

También "sería el encargado de presentar los proyectos cinematográficos o televisivos para los que se requería financiación" y era "el principal receptor de los fondos obtenidos por Aguilera y Salazar".

Los dos últimos, añade, tenían "amplios conocimientos en operativa bancaria y mercantil", se encargaban de "conseguir las sociedades, maquillarlas, poner un administrador y presentarlas antes los bancos como las beneficiarias de la financiación necesaria para el desarrollo de sus actividades, cuando realmente, carecían casi siempre de actividad real", y su finalidad "no era otra que la de lucrase de manera ilegítima".

A su entender, Moreno y Aguilera contaban con la colaboración de terceras personas, entre los que se encontraban abogados, gestores financieros, empleados de banca y otras personas de su especial confianza, sin quienes "hubiera sido imposible llevar a cabo la organización, planificación y ejecución de la mayoría de las estafas perpetradas".

El instructor da en su auto un plazo de veinte días a la Fiscalía y las acusaciones que formulen escrito de acusación solicitando la apertura de juicio oral o el archivo de las actuaciones