La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha descartado que España pueda participar en una eventual misión para proteger la navegación en el estrecho de Ormuz planteada por Francia, rechazando igualmente que se puedan desplegar en la zona los cazaminas españoles, que ya están en misiones de la OTAN.
"España no va a estar nunca en ninguna misión que no tenga un apoyo o un paraguas internacional" ya sea de Naciones Unidas, de la Alianza Atlántica o de la Unión Europea, ha recalcado Robles en declaraciones a la prensa durante su visita al MOPS en la base de Retamares, en Pozuelo (Madrid).
La ministra ha insistido en que España ha accedido a que la fragata 'Cristóbal Colón' se traslade a Chipre junto al grupo naval que encabeza el portaaviones francés 'Charles de Gaulle' para participar en una misión de "protección y seguridad" en el Mediterráneo y no tiene intención de ir más allá. "Nosotros no sabemos cuál va a ser la misión que quiere hacer Francia", ha añadido la ministra, en referencia a la propuesta que puso sobre la mesa el lunes pasado el presidente francés, Emmanuel Macron, de desplegar una misión defensiva en el estrecho de Ormuz para garantizar la navegación.
"Esa es una misión que en su caso, si la plantea Francia, es un tema de Francia, pero en este momento a nivel internacional no se ha planteado ni en OTAN ni en Unión Europea y por tanto España no tiene nada que decir", ha insistido Robles, que ha dejado claro que el Gobierno siempre es "respetuoso" con las nuevas misiones que puedan plantear países aliados.
Asimismo, consultada sobre la posibilidad de que España pudiera desplegar sus cazaminas en esta zona, ha asegurado con rotundidad que no está previsto ya que estas embarcaciones ya están desplegadas en misiones de la OTAN. "Nosotros vamos a estar con las misiones en las que estamos y evidentemente eso no está previsto en este momento", ha señalado, esgrimiendo la importancia de no olvidarse de Ucrania cuyo presidente, Volodimir Zelenski, ha adelantado que viajará próximamente a España.
La ministra de Defensa ha reconocido que "hay una situación grave" en Oriente Próximo como resultado de la operación militar de Estados Unidos e Israel contra Irán y la posterior respuesta iraní atacando los países de la zona, pero España "es un aliado respetable y comprometido con la OTAN" que ya tiene misiones desplegadas en el Flanco Este.
Por otra parte, en cuanto a las declaraciones del senador estadounidense Lindsey Graham, que ha planteado la marcha de las tropas de Estados Unidos de las bases de Rota y Morón tras la negativa del Gobierno a autorizar su uso para la operación en Irán, ha esgrimido que "hay muchísimos congresistas demócratas en Estados Unidos que opinan otra cosa". A su juicio, "la declaración de un señor que puede representar mucho en Estados Unidos" y no es "tampoco mayoritariamente el sentir de la ciudadanía norteamericana", si bien ha añadido que no quiere meterse en "asuntos internos" de otro país.
Por último, Robles ha reconocido que no le han gustado las declaraciones de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen. "Creo que se equivoca por completo si piensa que podemos aceptar un nuevo orden internacional sin respeto a las normas de derecho internacional y solamente la ley del más fuerte", ha afirmado.
"España y Europa estoy segura que van a estar siempre con el ordenamiento internacional, con los valores de seguridad y de paz y de democracia que son los que definen a Europa", ha zanjado.
1.339 MILLONES DE EUROS A DEFENSA PARA "NECESIDADES INELUDIBLES"
Por otra parte, el gobierno justifica el aumento en 1.339 millones de euros del gasto en Defensa que este martes aprobó el Consejo de Ministros, sin publicidad alguna, en plena crisis bélica en Irán como atención a "necesidades ineludibles" que pasan directamente a través de una transferencia de crédito del ministerio de Hacienda al de Defensa.
La ministra Margarita Robles dice que es una transferencia habitual y que no hay "nada nuevo" en este aumento del presupuesto para su departamento.
Mientras, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, informó este miércoles durante su comparecencia en la Comisión de Hacienda del Senado de que el Gobierno "no tiene una posición prefijada" sobre la activación de la cláusula de escape que permite la Comisión Europea por el aumento del gasto en defensa y no descartó activarla si "en un momento" resulta necesario para compatibilizar esa partida con el gasto social. "El Gobierno no lo ha hecho, pero lo haría si en un momento tiene que hacerlo para que no compita con el gasto social", afirmó al hablar sobre la financiación del Plan de Seguridad y Defensa.
Bruselas instó a los países miembro a aumentar su gasto en defensa y a su vez planteó la activación voluntaria de la cláusula de escape para ayudar a los países a cumplir con las reglas fiscales.
Montero explicó que, de esta forma, se permite que el gasto en defensa "no compita con el resto del gasto" en las restricciones presupuestarias de cada país. También agregó que su activación no es "ni buena ni mala" y la decisión del Ejecutivo dependerá de si lo precisa o no. "Hasta ahora no lo hemos necesitado, porque esa partida ha procedido de las propias modificaciones presupuestarias y no tenemos necesidad", comentó.
La ministra de Hacienda también insistió en que el Gobierno jamás ha dicho que el gasto en defensa no impactaría en el déficit, sino que "no subiría el déficit, ni en el endeudamiento ni en gasto social", y aseguró que lo ha conseguido. También agregó que se han destinado 12 millones de euros para el gasto en defensa y 120.000 millones para el gasto social desde 2017.
"La situación y la coyuntura invita al Gobierno a reforzar nuestra seguridad, no es solo bombas y tanques, es ciberseguridad", puntualizó.
Asimismo, la ministra de Hacienda garantizó que España destinará un 2,1% del PIB anual al gasto en defensa y seguridad, como se comprometió el Gobierno en la Cumbre de La Haya el pasado verano.
Ese porcentaje le hizo enzarzarse con el PP en esta Comisión, y les afeó sus críticas por el posible impacto en el déficit al tiempo que defienden llegar al 5% que la OTAN y Estados Unidos exigen a España.