La convivencia obligada es sin duda un factor de riesgo para mujeres que sufren violencia de género y hace difícil que puedan pedir ayuda al estar vigiladas y controladas por su agresor. Si, además, hablamos de víctimas con discapacidad intelectual, la situación es aún más dramática.
Jacobo Cendra, director de la Unidad de Atención a Víctimas con Discapacidad Intelectual de la Fundación A La Par, explica a Telemadrid que debido al estado de alarma por el coronavirus “los centros de atención están cerrados y para los profesionales es más difícil detectar casos”.
Aumentan los casos
Constata Cendra que los casos han aumentado durante el confinamiento, un factor de riesgo para las mujeres que sufren violencia de género, ya que “es más difícil pedir ayuda” al estar vigiladas por su maltratador.
Relata Cendra que ahora son los vecinos los que más pueden colaborar y descubrir casos y que estas alertas vecinales “han aumentado sobre todo en las poblaciones pequeñas”.
Vigilancia y seguimiento
“Nosotros realizamos llamadas por teléfono para detectar que todo está bien –dice-. Valoramos las medidas de protección a las víctimas, les asesoramos en las denuncias y si hay motivos lo notificamos a la Fiscalía”.
Cuando comprueban los casos “damos el aviso por si las víctimas tienen que salir de su casa urgentemente”. La Unidad de Atención a Víctimas con Discapacidad Intelectual atiende igualmente a hombres víctimas de violencia doméstica.
