El juicio de los ERE de Andalucía, visto para sentencia

El juicio de los ERE de Andalucía, visto para sentencia
El juicio de los ERE de Andalucía, visto para sentencia

El juicio de la pieza política del caso ERE contra 21 ex altos cargos de la Junta de Andalucía ha quedado visto para sentencia tras 152 sesiones desarrolladas durante más de un año, en el que el tribunal ha oído a más de 120 testigos, a 9 peritos y a los acusados, que afrontan hasta 8 años de cárcel por prevaricación y malversación.

Los 21 acusados no han hecho uso de su derecho a la última palabra más que para dar las gracias al tribunal y, en el caso del expresidente de la Junta Manuel Chaves, destacar que las intervenciones de todos los letrados han supuesto para él "una experiencia vital".

Por su parte, el magistrado que preside el tribunal, Juan Antonio Calle, ha agradecido la colaboración de los fiscales y los abogados defensores reconociendo su "esfuerzo" por compaginar "un juicio tan largo con la llevanza de un despacho y otros asuntos" y haber permitido que no se hayan producido suspensiones acudiendo incluso enfermos, con especial mención al abogado del exinterventor José Rebollo, aquejado de un cáncer diagnosticado durante el proceso.

LA SENTENCIA NO SE CONOCERÁ, PREVISIBLEMENTE, HASTA EL VERANO

Será no antes del verano, según las previsiones del tribunal, cuando se conozca si los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán y una veintena de exconsejeros, exviceconsejeros y ex altos cargos de las consejerías de Empleo, Hacienda, Innovación y la agencia pública IDEA que formaron parte de sus gobiernos entre el 2001 y el 2010 son condenados por crear un "procedimiento específico" para dar 850 millones en ayudas sociolaborales y a empresas de forma arbitraria y sin control. O si por el contrario el tribunal de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla entiende que el procedimiento de concesión y pago de las ayudas no era ilegal -al margen de las posibles irregularidades que se produjeron en la gestión y ejecución del crédito, que se enjuicia en las piezas separadas sobre las ayudas concretas.

En cualquier caso, los responsables políticos que sean condenados o absueltos -la decisión no tiene por qué ser unánime para todos los procesados- en esta pieza no podrán ser juzgados en el resto, a tenor de las decisiones que está acordando la jueza instructora María Núñez y la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, aunque la Fiscalía recurre cada una de ellas y muchas no son firmes.

Tampoco lo será el fallo que dicte el tribunal de la pieza política, ya que el mismo será recurrible ante el Tribunal Supremo.

LA INSTRUCCIÓN COMENZÓ HACE SIETE AÑOS

Más de 680 horas ocupa la grabación de las 152 sesiones celebradas desde el 13 de diciembre de 2017, de las que los magistrados Pilar Llorente, Encarnación Gómez y Juan Antonio Calle han escrito en algunos casos "cinco o seis cuadernos y 300 folios sueltos" que tendrán que revisar, junto a las pruebas documentales que obran en los 14.276 folios divididos en 38 tomos y siete de anexos que obran en la causa cuya instrucción comenzó hace 7 años.

Como destacó una defensa, los tres magistrados y el abogado de la acusación popular que ejerce Manos Limpias, Rafael Prieto son las únicas cuatro personas que no han faltado a ninguna sesión, ya que los dos fiscales anticorrupción Juan Enrique Egocheaga y Manuel Fernández Guerra; los dos abogados de la acusación del PP Lourdes Fuster y Luis García Navarro; y la veintena de letrados de las defensas se han alternado con compañeros de despacho en algunas sesiones, igual que los funcionarios judiciales.

Ni siquiera los procesados, que comenzaron siendo 22 hasta que en las conclusiones finales los fiscales retiraron la acusación contra el exsecretario de Hacienda Antonio Estepa, han tenido que acudir a todo el juicio, ya que el tribunal les eximió de hacerlo durante los meses que duró la fase testifical y pericial una vez que todos hubieron sido interrogados y hasta las conclusiones finales.

Algo que han agradecido varias defensas al tribunal por la "humanidad" del trato dispensado a los acusados al reducir "la pena de banquillo" a sus clientes, así como la forma de desarrollar el juicio garantizando "la libertad" para ejercer el derecho a la defensa.

No obstante, también ha sido permanente la presencia de la prensa -más numerosa en los momentos cumbre como hoy en la última sesión-, que en algunos casos acumula una docena de libretas grandes de notas o una veintena de cuadernos pequeños de las 152 sesiones; y la de algunos abogados espectadores, como el letrado de CC. OO. Miguel Conde, aunque en otras sesiones también han asistido como público colegas y compañeros de despacho de algunos letrados personados.