El TSJC procesa a Jové, uno de los negociadores catalanes, por el 1-O

Josep María Jové
Josep María Jové

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha procesado por el 1-O a los diputados de ERC Josep Maria Jové y Lluís Salvadó, que fueron altos cargos con Oriol Junqueras, por desobediencia, prevaricación, malversación y revelación de secretos, y les ha impuesto una fianza de 4,5 millones de euros. Jové, forma parte de la mesa de diálogo entre Gobierno y Generalitat, que se constituyó el pasado miércoles en el Palacio de La Moncloa.

En un auto, la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Maria Eugenia Alegret, que ha instruido la causa en el alto tribunal al exsecretario general de la vicepresidencia Josep Maria Jové y al exsecretario de Hacienda Lluís Salvadó, concluye que ambos tuvieron una "participación activa" en los preparativos del 1-O y en la planificación de las denominadas "estructuras de Estado".

La juez, que ha citado a los dos diputados de ERC el próximo 11 de marzo para una declaración judicial una vez notificado su procesamiento, les ha impuesto la obligación de acudir mensualmente al juzgado, les ha retirado el pasaporte, les ha prohibido salir de España y les ha fijado una fianza por responsabilidad civil de 2,8 millones en el caso de Jové y otra de 1,6 millones compartida para ambos.

La magistrada detalla en su escrito que ha descartado decretar prisión preventiva para Jové y Salvadó dada la "imposibilidad" de que destruyan pruebas y la "inexistencia" de indicios de fuga.

En el auto de procesamiento, que se puede recurrir, la juez aprecia indicios de criminalidad respecto a Jové, miembro de la mesa de diálogo entre gobiernos y que formó parte del equipo republicano que negoció con el PSOE la investidura de Pedro Sánchez, por su "participación activa" en la preparación del 1-O y porque, por su cargo, "conoció y autorizó" gastos superiores a los 2,1 millones de euros para el referéndum ilegal.

La juez, que basa parte de sus indicios contra Jové a partir de las anotaciones en su agenda "Moleskine" intervenida por la Guardia Civil cuando fue detenido el 20S de 2017, cita como gastos públicos atribuidos al exnúmero 2 del vicepresidente Junqueras los relativos a la publicidad y difusión del 1-O (277.804 euros), al suministro de papeletas y censo electoral (980.312 euros), la cartelería y propaganda (51.750 euros), observadores internacionales (409.023 euros) y el registro de catalanes en el extranjero (314.451 euros).Todo ello por un valor global de 2.166.661 euros supuestamente malversados, a los que a la hora de imponer la fianza la juez incrementa en un tercio, hasta alcanzar los 2.888.881 euros.

Además, según la juez, Jové "desoyó" los mandatos del Tribunal Constitucional al intervenir activamente en la búsqueda de los locales donde debía llevarse a cabo el referéndum, como reflejan los correos electrónicos y las conversaciones telefónicas intervenidas o la carta que Presidencia y Vicepresidencia de la Generalitat enviaron a los alcaldes de Cataluña para que cedieran locales para la votación.

La magistrada también procesa a Jové por un delito de prevaricación por la firma de un convenio con el Instituto de Estadística de Cataluña (IDESCAT) con el que se consiguieron los datos personales del Registro de población y el de catalanes en el exterior, con la finalidad de contar con un censo para el 1-O. De esta forma, según la juez, los organizadores del 1-O obtuvieron datos de ciudadanos que no podían ser facilitados ni tratados, ya que no disponían de competencias para ello.

Jové y Salvadó fueron dos de los detenidos en la operación de la Guardia Civil el 20S de 2017 para impedir el 1-O, dirigida por el titular del juzgado de instrucción 13 de Barcelona -que ha procesado a una treintena de personas, entre ellos varios exaltos cargos del Govern, por los preparativos del referéndum ilegal-, si bien su causa acabó en el TSJC cuando ambos fueron elegidos diputados de ERC en el Parlament.

Casado ve “inasumible” que Sánchez negocie con Jové

El líder del Partido Popular, Pablo Casado, manifestó este viernes que “ya es inasumible” que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se sentase en una mesa de diálogo en el La Moncloa con Josep María Jové, que ya ha sido procesado por desobediencia, prevaricación y malversación. En un acto en Ermua (Vizcaya), Casado se refirió a que “uno de los negociadores de la mesa de autodeterminación que convocó Sánchez en el Palacio de la Moncloa ha sido procesado por cuatro graves delitos al organizar el golpe al Estado del 1 de octubre”.

“Es tremendamente grave”, enfatizó Casado, antes de preguntar a Sánchez “hasta dónde va a llevar la subasta por unos votos a los Presupuestos Generales del Estado para mantenerse en el poder unos meses o unos años más” y pedirle, igualmente, que aclare “hasta dónde va a llegar el escarnio para todos los españoles” al ver en la Presidencia del Gobierno a un “inhabilitado condenado” (Quim Torra) y a un procesado por malversación, prevaricación y desobediencia “por organizar un golpe a la legalidad”.

Según Casado, “esto ya es inasumible” e instó al jefe del Ejecutivo a que “de una vez por todas levante esa mesa de negociación por la autodeterminación y la amnistía y vuelva a la centralidad y al constitucionalismo”. “Allí nos encontraremos”, prometió el líder de la oposición, al tiempo que advirtió de que no piensa tolerar que se actúe en contra de los intereses generales para hacerlo “a favor de aquellos que quieren romper la nación”.