La Asamblea de Madrid ha derogado por unanimidad y de forma definitiva a Ley de Viviendas Rurales Sostenibles, la conocida como ley Virus. Los 123 diputados presentes en el Pleno de la Asamblea han votado a favor de la derogación de esta norma, aprobada en diciembre de 2012 y que establecía la posibilidad de edificar casas de una sola planta en fincas rurales en desuso que no tuviesen protección ambiental y en parcelas de al menos seis de hectáreas.
El PP ha votado a favor del dictamen de la ley de derogación, que fue impulsada por los tres grupos de la oposición de la Cámara -PSOE-M, Podemos y Ciudadanos (C's), sin embargo, ha votado en contra de la exposición de motivos, que, no obstante, ha salido adelante con 76 votos a favor y el rechazo de 48 parlamentarios populares.
El diputado del PP Jesús Gómez ha explicado que su grupo ha votado en contra de ese preámbulo, porque introduce "falsedades". Gómez sí que ha justificado el voto a favor del PP para la derogación de la ley, ya que, según él, "no ha despertado el interés de los madrileños".
En este sentido, ha sostenido que "no se ha construido" ninguna vivienda al amparo de esta ley, por lo que también ha negado las acusaciones de que fuera una norma para hacer "casoplones". El parlamentario del PP sí que se ha mostrado a favor de realizar una nueva ley del suelo para determinar dónde se puede construir y ha invitado a los grupos de la oposición a participar en la elaboración de esa nueva norma.
Por parte el PSOE-M, la diputada Isabel Ardiz ha afirmado que la ley Virus era "injusta" y estaba "hecha de recortes y ocurrencias del momento". Ardiz ha añadido que "favorecía a pocos madrileños" y a "determinadas familias con grandes propiedades de suelo en zonas protegidas".
En este misma línea, el diputado de Podemos Alejandro Sánchez ha subrayado que la ley Virus favorecía los intereses privados de "determinados amigos del Gobierno" regional para que pudieran construir grandes chalés.
Tras afirmar que la presión social ha hecho posible la derogación de esta norma, Sánchez ha indicado que la ley "ilustraba la política de suelo aplicada por la Comunidad de Madrid durante los últimos años", en la que se eximía de "cualquier control ambiental a este tipo de construcción y dejaba en manos de los ayuntamientos su aprobación".
Además, el diputado de C's Enrique Veloso ha sostenido que la ley estaba hecha para "favorecer intereses particulares" y "se ha utilizado para desmantelar la protección legal del patrimonio natural".
Un grupo de representantes vecinales de Majadahonda y Pozuelo, que constituyeron una asociación en defensa del Monte de Pozuelo y del Pilar y presentó en la Asamblea más de 43.000 firmas en contra de esta norma, han asistido desde la tribuna de invitados al debate en el que se ha derogado finalmente la Ley de Viviendas Rurales Sostenibles.
En un comunicado, señalan que la derogación es "supone un éxito para la conservación y mantenimiento de un enclave de monte que debe protegerse como un pulmón de 800 hectáreas".
