CCOO ha presentado una queja a la Defensora del Pueblo por el "nombramiento anticonstitucional" de directores de centros educativos por el Gobierno regional, y busca "abrir un debate para cambiar" el proceso de elección de directores de colegios e institutos de la región.
En el escrito, que incluye un listado de 47 centros afectados, CCOO expone lo que considera "falta de participación de la comunidad educativa y una ausencia de transparencia palmaria", así como una "falta de concreción mínima de los criterios de valoración del proyecto de dirección" que presentan los candidatos que "deben ser públicos".
Según la secretaria de CCOO, Isabel Galvín, el actual proceso "tal y como se está actuando", vulnera la Constitución Española y leyes orgánicas como la LOE y la propia Lomce.
Mediante "una serie de actuaciones arbitrarias que se encadenan", la consejería está utilizando "una vía que la norma básica expone como extraordinaria, con tres situaciones excepcionales, y se está convirtiendo en ordinaria", ha dicho a Efe Galvín, para quien estos nombramientos vulneran la legalidad.
Los casos excepcionales en los que la Consejería de Educación puede nombrar a un director son: en ausencia de candidatos, en centros de nueva creación y cuando la comisión evaluadora "no haya seleccionado a ningún aspirante".
Se trata de una previsión "razonable", que sin embargo deja de serlo cuando "los motivos son propiciados, promovidos o buscados por la propia Administración", una práctica que ha ido en aumento desde 2004, añade el escrito.
CCOO asegura que se está haciendo uso de "la falta de oferta de puestos" y la imprevisión ante jubilaciones de directores, pese a estas que se comunican con tres meses de antelación, de las que ha documentado 63 casos desde 2015.
Hay casos de centros cuyos directores comunicaron su jubilación para septiembre próximo y Educación envió ya el 1 de julio a su sustituto, "portando esta persona el propio cese del director que todavía no está jubilado".
Galvín ha criticado que tres de los cinco miembros de las comisiones que evalúan a los candidatos "son designados por la Dirección de Área Territorial (DAT)", cuyos cargos son "políticos", entre ellos el inspector presidente "designado por el director de área", así como el primer vocal.
A su juicio, por "una sucesión de discrecionalidades", la comisión tiene "derecho a veto efectivo, a poner un cero a un candidato sin tener que justificarlo", y pide que estas puntuaciones "se fundamenten y se justifiquen".
Galvín cita casos "incomprensibles de suspensos con un cero redondo" a personas que cumplen el mínimo de seis años de experiencia requeridos, entre ellos directores "en ejercicio que no han tenido quejas de las familias".
También critica la baremación de los proyectos, con un máximo de 5 puntos en función de su calidad, "pero no se dan los criterios" a los examinadores para puntuar este apartado, ni el de adecuación del proyecto al contexto, valorado con tres puntos, agrega Galvín.
En el escrito, CCOO pide a la Defensora que "sugiera a la Comunidad de Madrid, dictar de forma consensuada con las fuerzas políticas de la Asamblea de Madrid", con la comunidad educativa y la Inspección de Educación, "una nueva norma que regule la elección y nombramiento de directores" de centros públicos.
"Queremos que se abra un debate al inicio de curso, en el Consejo Escolar y en la Asamblea, para que haya un cambio de la normativa, porque "para generar un clima bueno en un colegio y mejorar la calidad de educación, es precisa la participación de los centros", concluye Galvín.
