Los centros concertados no podrán imponer a las familias aportaciones económicas extras

Educación concertada
Educación concertada

El Consejo de Gobierno ha aprobado el Decreto que regula el régimen de conciertos educativos y que estará en vigor el próximo curso 2019/20. El decreto recuerda a los centros la imposibilidad de que pueda imponerse a las familias la obligación de hacer aportaciones económicas extras. En estos momentos, existen más de quinientos centros privados concertados en la región, donde cursan sus estudios el 30% de los alumnos madrileños, alrededor de 365.000.

Según se recoge en el Decreto, el criterio principal para el acceso al régimen de conciertos seguirá siendo la demanda de este tipo de educación por parte de las familias madrileñas. Asimismo, el nuevo texto ratifica una serie criterios adicionales de preferencia. El primero de ellos tiene como beneficiarios a aquellos centros que atiendan a poblaciones escolares de condiciones económicas desfavorables.

En esta misma situación, se encuentran aquellos centros que desarrollen proyectos de interés pedagógico, y en especial, los relacionados con la atención de alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo.

Carácter preferente

Una vez aplicados los criterios anteriores, se considerarán con carácter preferente en los accesos a conciertos educativos los centros que funcionen en régimen de cooperativa, entidades sin ánimo de lucro, y los que acrediten experiencia como titular de otros centros docentes autorizados por la Administración de, al menos, dos cursos académicos.

No habrá financiación extra

El nuevo Decreto subraya los principios básicos que regulan el régimen de las actividades complementarias, extraescolares y los servicios complementarios. Y recuerda a los centros la imposibilidad de que pueda imponerse a las familias la obligación de hacer aportaciones económicas a fundaciones o asociaciones, odestinadas a servicios obligatorios asociados a las enseñanzas.

Además, la Comunidad insta a los centros a garantizar la claridad y transparencia en las informaciones acerca de las actividades a las familias a través de cualquier medio de comunicación oficial.

A través del documento también se establecen aspectos como la vigencia de los conciertos educativos, que en todas las etapas educativas será de seis años, su ejecución, modificación y renovación.