El Parlamento Europeo admite a trámite una queja por los ruidos de Ponzano
El Parlamento Europeo ha admitido a trámite la petición de la asociación El Organillo de Chamberí, que reclama medidas inmediatas para frenar la contaminación acústica de la hostelería sobre todo en horario nocturno, que según los vecinos supera los valores límite en hasta 39 decibelios ponderados (dBA).
En un escrito del 20 de octubre de 2021 dirigido a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, el presidente de la asociación El Organillo, Julio López, señala que en algunas calles estrechas los problemas de contaminación acústica son aún mayores que en amplias avenidas y se han convertido en "una terraza continua de principio a fin debido a la acumulación de locales y la laxitud de la normativa en relación con la extensión de las nuevas terrazas autorizadas", según ha avanzado este lunes el diario Abc y han confirmado a Efe fuentes de la entidad vecinal.
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En los últimos años han aumentado las denuncias a la Policía Municipal por parte de los vecinos de varios distritos de Madrid por los elevados ruidos de los locales de hostelería; por los incumplimientos de los horarios de cierre, de las limitaciones de aforo y de las medidas de prevención en la pandemia como el uso de mascarillas; por las concentraciones de personas en la vía pública tras el cierre de los locales o por los enfrentamientos violentos entre usuarios de la hostelería.
Los distritos donde ha habido más denuncias de los ciudadanos ante la Policía Municipal por incumplimientos de los locales de ocio son los de Centro, Chamberí y Salamanca, según información aportada por el Ayuntamiento de Madrid.
Entre enero y mayo de 2021, se interpusieron 15.082 contra locales de ocio en Madrid de las que más de la mitad (7.744) correspondían a estos distritos que suman menos del 12,9 por ciento de la población.
El Parlamento Europeo ha enviado la queja vecinal a la Comisión Europea, que dispone de tres meses para abrir una investigación, lo cual supondrá solicitar al Ayuntamiento de Madrid informes sobre la situación en estas zonas tras las quejas vecinales de "graves incumplimientos por parte del Ayuntamiento de Madrid a la hora de proteger la salud de sus ciudadanos ante los nocivos efectos del ruido".
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Aunque en septiembre de 2020 el Ayuntamiento aprobó iniciar los trámites para resguardar algunas calles bajo la figura de Zona de Protección Acústica Especial (ZPAE), la asociación de vecinos critica los "los retrasos en la constitución de los órganos encargados de analizar el problema y proponer medidas una vez que se aprobado la creación de la ZPAE".
Los vecinos rechazan "la ampliación tanto de las plazas en las terrazas instaladas sobre bandas de estacionamiento como de los horarios de apertura", unas concesiones que "suponen la utilización (sin contraprestación económica alguna) de un espacio público cuyo uso principal y fundamental es el residencial".
Según el escrito, "la cesión gratuita de suelo público de uso residencial" a un determinado sector económico (los establecimientos hosteleros especialmente de ocio vespertino y nocturno) se ha hecho "sin ningún tipo de garantía, sin análisis de impacto (no solamente ambiental, sino también social y económico) y sin ningún control de la situación económico-financiera de los beneficiarios".
Por ello, instan al Parlamento Europeo y a la Comisión Europea a "llevar a cabo una investigación de las vulneraciones de derechos", a realizar una "una revisión de la directiva europea sobre evaluación y protección del ruido ambiental", además de pedir "al Ayuntamiento a tomar de inmediato medidas efectivas para proteger a sus ciudadanos de los efectos de la elevada contaminación acústica".
A pesar de las "abundantes denuncias por parte de los vecinos, se ha producido una absoluta inacción por parte de la Policía municipal", subrayan.
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No solamente se observa "una saturación de las centralitas telefónicas en horario nocturno" sino también "una supuesta insuficiencia de medios para desplazar patrullas para asegurar el cumplimiento de los horarios", resaltan en el escrito, en el que indican que las "patrullas pasan de largo".
Por otra parte, tras enviar el escrito a la Eurocámara, la asociación vecinal El Organillo presentó un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJM) en noviembre pasado por la "inacción" del Ayuntamiento.
