El Gobierno prohibirá los números de tarificación adicional 902 por “justicia social”

El Gobierno prohibirá los números de tarificación adicional 902 por “justicia social”
El Gobierno prohibirá los números de tarificación adicional 902 por “justicia social” |EUROPA PRESS

El Ministerio de Consumo prepara una ley para prohibir cualquier número de tarificación adicional en los servicios de atención al cliente, los conocidos 902, como medida de “justicia social” para poner fin a un “abuso generalizado” y “agravado” en el contexto de la pandemia por las restricciones de aforo, movilidad y presencialidad que esta ha impuesto.

Así lo adelantaron fuentes del departamento de Alberto Garzón, que entiende que los servicios de atención al cliente “no pueden ser un coste para el bolsillo de consumidores y un negocio para unas pocas empresas”.

Consumo garantiza que los consumidores dispondrán siempre de un número geográfico de tarifa básica para sus relaciones con las empresas y subrayó que, de este modo, acabará con “abusos y sobrecostes” en las facturas mensuales a través de una medida de la que se beneficiará toda la población, especialmente, aquella con menos recursos.

Para ello modificará el artículo 21.2 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (Lgdcu) con el fin de “precisar” este punto, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y evitar que las compañías puedan aplicar a las llamadas a sus servicios de atención al cliente precios que excedan el precio de llamada a una línea telefónica geográfica.

Con ese objetivo se abrirá un proceso de consulta pública a la ciudadanía y de trabajo con las asociaciones de consumidores y la sociedad civil.

“Discrepancias” sobre la interpretación del concepto de “tarifa básica”

Consumo puntualiza que toda empresa o profesional tiene la obligación de facilitar servicios de atención telefónica para permitir al cliente una comunicación “rápida y eficaz” y hace hincapié en que legalmente deben disponer de un número cuyo uso por parte del consumidor o usuario no suponga un coste superior al de la tarifa básica.

Hasta ahora, según fuentes del Ministerio, existen “discrepancias” sobre la interpretación del concepto de “tarifa básica” y muchas empresas “lo aprovechan para poner números que suponen un coste para quienes llaman”.